El Estado presentó ante la justicia de los Estados Unidos una solicitud para que el resarcimiento por el incumplimiento del estatuto de la compañía no exceda esa cifra. El importe podría alcanzar hasta los 16.000 millones de dólares.
El Estado argentino presentó ante la Justicia de Estados Unidos una solicitud para que el reconocimiento de daños en el juicio iniciado por dos fondos por la expropiación de YPF no exceda los 4.920 millones de dólares.
Esta presentación tuvo lugar el miércoles, y fue realizada por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT en representación del Estado argentino, como parte de las audiencias convocadas por el Tribunal del 2do Distrito Sur de Nueva York en relación al juicio por la estatización de la petrolera.
En este litigio, aún se debe definir el monto de los resarcimientos que Argentina deberá pagar por la expropiación de YPF y que los fondos Burford y Eton Park están reclamando.
La decisión final está en manos de la juez Loretta Preska, quien aún debe analizar los escritos presentados por ambas partes, incluido el que presentó el bufete que representa al Estado argentino.
El monto de la indemnización será determinado teniendo en cuenta la fecha en que el Estado argentino obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, así como la tasa de interés que se aplique por la demora en la actualización de la indemnización.
Se estima que el monto de la indemnización puede variar entre los 4.920 y los 16.000 millones de dólares.
Los dos fondos demandantes sostienen que la fecha en que Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación fue el 16 de abril de 2012, fecha en la que se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso y se designó un interventor del Ejecutivo para reemplazar al directorio de YPF.
Por su parte, el Estado argentino responde que los daños económicos deben calcularse a partir del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor la Ley 26.741, que declaró la utilidad pública y la expropiación, ya que fue en ese momento que se empezó a ejercer el derecho político y económico sobre las acciones.
El 31 de marzo pasado, la juez falló en contra de la República Argentina y eximió a YPF de responsabilidades, pero aún no determinó el monto a pagar como resarcimiento.
Las audiencias concluirán mañana, aunque no se ha fijado una fecha para la resolución.
El escrito presentado consta de una presentación con citas, testimonios y gráficos de 143 fojas elaborado por el estudio Sullivan & Cromwell, que representa a Argentina en los tribunales de EEUU en colaboración con el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini.
En el escrito, se destaca la importancia de la fecha del traspaso del control de la compañía petrolera como el eje central de la argumentación.
En las conclusiones, Argentina plantea que “el tribunal debe ejercer discreción para no otorgar intereses previos al fallo” y que “el tribunal no debe inflar aún más las enormes ganancias inesperadas de los demandantes con intereses previos al fallo”.
Además, los letrados consideran que “los demandantes recibirán una ganancia inesperada bajo cualquier escenario, que el grupo Petersen se benefició durante años por el deterioro de YPF que condujo a la expropiación, y que cualquier otra indemnización por daños exacerbará los desafíos económicos actuales de Argentina”.
Los representantes del Estado argentino enfatizan que “los daños deben basarse en el cálculo corregido del precio de la oferta pública del 7 de mayo de 2012 sin intereses previos al fallo”.
Asimismo, en la diferencia de la base de cálculo se especifica que “usando los datos de ganancias disponibles del cuarto trimestre de 2009, los daños de los demandantes para el 16 de abril de 2012 son casi 3 mil millones de dólares menos”.
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