El Gobierno argumentó que hacer cumplir la sentencia o requerir el depósito de una fianza paralizaría un país que enfrenta problemas graves de inflación y sequía.
En una solicitud dirigida a una jueza estadounidense, Argentina pidió que no se lleve a cabo la ejecución de una sentencia de 16.100 millones de dólares relacionada con la nacionalización de una parte mayoritaria de la empresa petrolera YPF en 2012.
En su presentación ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan, Argentina argumentó que hacer cumplir esta sentencia “verdaderamente abrumadora” o exigir el depósito de una fianza tendría consecuencias paralizantes para una nación que ya sufre de una grave inflación y sequía.
Además, advirtió que llevar a cabo la sentencia, que representa casi el 20% de su presupuesto, dificultaría aún más la estabilización de su moneda y la reducción de su deuda de 235.000 millones de dólares.
De igual manera, el país afirmó que la aplicación de la ley causaría “graves dificultades” a sus más de 45 millones de habitantes, lo que complicaría aún más la provisión de servicios básicos como energía, salud, transporte, agua y alcantarillado.
Antecedentes
La sentencia surgió de la nacionalización en abril de 2012 por parte de Argentina del 51% de YPF que estaba en manos de la española Repsol, argumentando una supuesta falta de inversión por parte de la empresa y sin licitación para las acciones en poder de inversores minoritarios.
Dos de esos inversores, Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, iniciaron una demanda y el mes pasado la jueza de Distrito de Estados Unidos Loretta Preska falló a favor de ellos con una sentencia por 16.100 millones de dólares, incluyendo intereses. Burford Capital, que financió el litigio y tenía derecho a un 70% y 75% de los daños de Petersen y Eton Park, calificó la decisión de Preska como una “victoria completa”.
Argentina había argumentado que no debería pagar más de 4.920 millones de dólares, y Repsol recibió unos 5.000 millones de dólares de compensación. Preska decidirá si suspender la ejecución de la sentencia mientras Argentina apela ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan.
Los abogados de Petersen y Eton Park no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, y el Gobierno de Argentina tampoco respondió a la solicitud de comentarios.
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