La justicia de Rosario dictaminó el archivo definitivo de la causa iniciada contra tres psicólogas tras descartar que hayan emitido informes engañosos de manera deliberada para entorpecer el vínculo de varios niños con sus respectivos padres.
Este año, las fiscales Guillermina Aiello y Bárbara Glikman archivaron en Rosario una denuncia penal formulada contra las psicólogas P.B.A., G.R.S. y N.V.A.. Un grupo de abogados había acusado a las profesionales de emitir informes falsos para impedir el contacto de niños con sus padres. Sin embargo, las funcionarias judiciales desestimaron el planteo debido a la insuficiencia de elementos serios, precisos y verosímiles para sostener la acusación.
Argumentos vertidos en la resolución
La presentación inicial ocurrió en septiembre del año pasado e imputaba a las especialistas la presunta conformación de una asociación ilícita. Sobre este punto, las investigadoras aclararon que un disenso profesional o diagnóstico erróneo no constituye un delito ni prueba un dolo penal. Asimismo, la resolución estableció que cualquier eventual reclamo por mala práctica debe resolverse en el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos.
En el marco de las actuaciones, las fiscales señalaron que las imputadas explicaron claramente las metodologías aplicadas en sus evaluaciones. Además, el análisis judicial determinó que compartir un marco conceptual en una disciplina no implica ningún pacto criminal. Por esta razón, la justicia rechazó la hipótesis de una estructura organizada para perjudicar a progenitores.
Conclusiones de la investigación judicial
Por otro lado, los informes de las denunciadas recibieron objeciones metodológicas de otros profesionales en varias causas penales. No obstante, esos cuestionamientos técnicos tampoco demostraron la presencia de un engaño deliberado en las conclusiones. En consecuencia, la fiscalía confirmó que las expertas actuaron bajo un criterio disciplinario válido durante sus intervenciones.
Del mismo modo, las representantes del Ministerio Público Calificado calificaron como un argumento infundado la sospecha vinculada al cobro de honorarios. En ese sentido, la cobranza de las sesiones de tratamiento infantil no guardó relación con la redacción de reportes engañosos. De esta forma, el fuero penal cerró de manera definitiva el expediente tramitado en la provincia de Santa Fe.