Un joven murió en un viaje de Uber Moto y desató la polémica sobre aplicaciones de transporte no regulado en Santa Fe y Rosario.
El accidente ocurrido en Santa Fe, que terminó con la muerte de un joven pasajero de Uber Moto, reavivó el debate sobre la legalidad y regulación de las aplicaciones de movilidad. Joaquín Ignacio Serra, de 22 años, solicitó el servicio el domingo 13 de julio. Sin casco, se subió a la moto conducida por Pablo B. Al llegar a la esquina de Lamadrid y Castelli, chocaron con una camioneta manejada por César O.
Serra murió en el acto, mientras que ambos conductores fueron hospitalizados con heridas de gravedad. Las pruebas toxicológicas arrojaron que los dos conductores habían consumido cocaína, y el motociclista también dio positivo en alcoholemia. La Fiscalía imputó a ambos por homicidio culposo agravado.
Este hecho puso nuevamente en discusión el uso de Uber Moto, prohibido por la ordenanza 12.991 en Santa Fe, que excluye los traslados de pasajeros en motocicletas. Pese a la normativa, la aplicación sigue funcionando y gana usuarios por su bajo costo y rapidez. Viajar en moto puede costar hasta un 40% menos que un Uber tradicional. Muchos conductores lo utilizan como ingreso extra, aunque la municipalidad considera ilegal la actividad y advierte sobre los riesgos.
En Rosario, la situación es similar. La ordenanza 10.544 regula las aplicaciones para taxis y remises, pero Uber, Didi y Maxim no se registraron. En cambio, otras plataformas como Cabify sí lo hicieron. Aun así, Uber y Didi operan en la ciudad en una zona gris, ofreciendo incluso traslados en motocicletas. Para las autoridades locales, mientras no se inscriban en el registro, sus servicios son ilegales. Sin embargo, los usuarios valoran la practicidad de estas apps, y algunos taxistas ven en ellas una oportunidad para modernizarse.
Entre los argumentos a favor de la aplicación, Uber mantiene con Galicia Seguros un seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes Personales, que protege a los pasajeros desde que suben hasta que bajan del vehículo. También exige antecedentes penales limpios a los conductores. Para sus críticos, la falta de regulación local y el incumplimiento de ordenanzas generan desigualdad con el sistema tradicional de transporte y problemas de seguridad.
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, reconoció que prohibir las apps no es realista y planteó la necesidad de adaptarlas para garantizar un servicio ordenado y seguro. En Rosario, mientras tanto, el Concejo no logra consensuar una normativa definitiva. Así, Uber sigue creciendo en usuarios pese a los conflictos legales. El accidente en Santa Fe expuso la urgencia de una solución clara que permita compatibilizar innovación tecnológica con la seguridad vial y el cumplimiento de las leyes.
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