Un juez federal declaró la nulidad del protocolo antipiquetes por considerarlo ilegal, pero el Gobierno nacional anunció que apelará para mantenerlo.
El juez federal Martín Cormick anuló recientemente el denominado protocolo antipiquetes tras un amparo colectivo del Centro de Estudios Legales y Sociales. Según el magistrado, la resolución ministerial carece de los elementos legales para ser un acto administrativo válido. Asimismo, el fallo sostiene que el Ministerio de Seguridad excedió sus facultades al intentar modificar leyes penales mediante simples instrucciones internas.
Ante esta resolución, el Poder Ejecutivo nacional reafirmó su postura inflexible y confirmó que apelará la decisión judicial inmediatamente. La ministra Alejandra Monteoliva sostuvo que el protocolo posee fundamentos técnicos, jurídicos y operativos sólidos para garantizar la paz. Por consiguiente, las autoridades nacionales aseguran que no darán un paso atrás en su lucha por restablecer el orden público.
El Gobierno defiende esta herramienta como un instrumento esencial para devolver la tranquilidad a los ciudadanos que desean circular libremente. Asimismo, el Ministerio de Seguridad calificó el fallo como un intento de la vieja política por promover el desorden social. En consecuencia, el oficialismo insiste en que la normativa es totalmente legítima y responde a la necesidad de aplicar la ley.
Por otro lado, el Centro de Estudios Legales y Sociales sostiene que el fallo pone límites necesarios a la discrecionalidad estatal. Según el organismo civil, la resolución ministerial pretendía legislar por encima de las facultades del Congreso y del Poder Judicial. Además, sectores gremiales argumentaron que esta medida judicial constituye un avance significativo para evitar posibles excesos durante los operativos policiales.
Así, la vigencia del protocolo antipiquetes genera actualmente un fuerte conflicto de poderes entre la justicia federal y el Ejecutivo. Mientras el magistrado cuestiona la legalidad del procedimiento, el Ministerio de Seguridad ratifica su compromiso con la seguridad ciudadana. La Cámara de Apelaciones deberá decidir si el Estado puede continuar restringiendo los bloqueos de calles mediante este mecanismo.
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