La causa que investigaba la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el Gobierno de Mauricio Macri vuelve a escena: el fiscal apeló el archivo del expediente y busca que la Justicia revise si se violó la Constitución al firmar el acuerdo.
El fiscal federal Franco Picardi apeló la decisión que había dispuesto archivar la denuncia penal contra el expresidente Mauricio Macri por la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. Según sostuvo, las condiciones previstas en la Constitución Nacional para contraer empréstitos externos fueron “deliberadamente incumplidas”.
El expediente analiza el acuerdo stand-by firmado con el organismo por unos US$44.000 millones. La investigación apunta a determinar si se eludió el control del Congreso de la Nación y si se vulneraron principios básicos de responsabilidad en la administración de la deuda pública.
Para Picardi, la operatoria no fue solo una decisión política, sino un eventual incumplimiento de deberes de funcionario público. Por eso, cuestionó el archivo y pidió que la Cámara Federal reabra el caso para profundizar la producción de prueba.
Qué se investiga sobre el acuerdo con el FMI
La causa se centra en si el Poder Ejecutivo de Macri tomó un compromiso financiero de enorme magnitud sin seguir los pasos que marca la Constitución. Entre los puntos cuestionados aparecen:
- La ausencia de una ley específica del Congreso que autorizara el endeudamiento
- La falta de debate legislativo sobre el alcance y los riesgos del acuerdo
- El eventual perjuicio económico para el Estado y las generaciones futuras
La denuncia sostiene que el acuerdo fue negociado de manera acelerada, concentrando las decisiones en un círculo reducido de funcionarios, sin un análisis integral de sostenibilidad de la deuda ni una evaluación de su impacto en la economía argentina.
Distintos informes posteriores del propio FMI reconocieron que el programa tuvo fallas en su diseño, que no logró estabilizar la economía y que subestimó la fragilidad financiera del país. Esos elementos también son mencionados por las partes acusadoras.
Alcance institucional y posibles escenarios
Si la Cámara Federal hace lugar a la apelación, la causa podría retomar impulso con nuevas medidas de prueba: citaciones a exfuncionarios, pedidos de documentación al Ministerio de Economía, al Banco Central (BCRA) y al propio FMI, además de peritajes contables y financieros.
El caso se inscribe en una larga discusión sobre cómo se decide el endeudamiento externo en Argentina y qué niveles de control institucional deben existir cuando se asumen compromisos que condicionan la política económica durante años.
Aún cuando no haya condenas penales, una eventual reapertura podría fijar precedentes clave sobre los límites legales para futuros acuerdos de esta magnitud, en un contexto donde el país continúa bajo programas de revisión con el FMI.
Desde el entorno de Macri y de exfuncionarios de su gestión se ha defendido públicamente el acuerdo como una respuesta de emergencia para evitar una crisis mayor, aunque esa postura deberá revalidarse, ahora, en el terreno judicial.
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