Fiscales federales pidieron detener a un juez federal acusado de autorizar una maniobra cambiaria para favorecer a un empresario.
El juez federal Gastón Salmain atraviesa una crisis que amenaza su continuidad en Rosario. Tres fiscales federales pidieron su detención, al sospechar que ayudó al empresario Fernando Whpei en una operación cambiaria irregular.
En diciembre de 2023, el magistrado permitió la compra de 10 millones de dólares al valor oficial durante el cepo, decisión que más tarde anuló la Cámara Federal. Los investigadores creen que Whpei obtuvo una ganancia cercana a 2 millones de dólares y que el juez habría recibido una parte.
La tensión aumentó tras el allanamiento a su despacho en los Tribunales Federales. Agentes de Gendarmería incautaron documentos, computadoras y su teléfono personal.
Por su parte, los fiscales Javier Arzubi Calvo, Federico Reynares Solari y Juan Argibay Molina encabezaron el operativo junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Aunque Salmain conserva sus fueros, el pedido de arresto elevó la presión política y judicial.
El magistrado también enfrenta denuncias por abuso de autoridad y acoso laboral. El sindicato de empleados judiciales, liderado por Julio Piumato, lo acusa de hostigar a trabajadoras y de ausentarse de su juzgado durante buena parte de la semana. Según los denunciantes, mantiene un ambiente de miedo y maltrato.
El caso involucra además al escribano Santiago Busaniche y se conecta con las causas contra el exjuez Marcelo Bailaque, quien renunció tras denuncias de corrupción. Los investigadores advierten que el expediente revela un entramado de favores, negocios y vínculos judiciales que compromete a varios funcionarios. Para muchos, la situación de Salmain refleja la fragilidad institucional que afecta a la Justicia Federal en Rosario y en buena parte del país.
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