El juez federal Sebastián Casanello ordenó el allanamiento del Ministerio de Capital Humano para secuestrar documentación sobre las seis mil toneladas de alimentos retenidos.
La Justicia federal avanzó en la investigación sobre el supuesto desabastecimiento de alimentos en comedores comunitarios y ordenó el allanamiento del Ministerio de Capital Humano. La medida, dispuesta por el juez Sebastián Casanello, tiene como objetivo secuestrar documentación y computadoras que contengan información relevante sobre la logística, stock y fechas de entrega de seis mil toneladas de alimentos que se encuentran retenidas en galpones.
Respuesta
Desde el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, informaron que durante el allanamiento se entregó un respaldo de la computadora del director de logística de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, junto con las órdenes de entrega emitidas desde el 27 de mayo. También se presentaron los partes diarios de los depósitos en Villa Martelli y el Centro Operativo Tucumán, con detalles sobre el stock y el estado de los alimentos.
La cartera ministerial aseguró que se facilitó a la Justicia el acceso al sistema informático S.U.M.A., que registra los movimientos de alimentos en los depósitos, así como a diversas cuentas de correos electrónicos utilizados por empleados y funcionarios. En un comunicado, el ministerio defendió su gestión, afirmando que procedieron con transparencia y en tiempo y forma para garantizar la distribución de alimentos a las familias vulnerables.
La causa
El origen de la causa se remonta a una denuncia penal presentada por Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande, quien acusó a Pettovello de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad, responsabilizándola por la crisis de abastecimiento en los comedores comunitarios. Tras conocerse la orden de Casanello, Grabois publicó en redes sociales: “Nuevo fallo contra la incumplidora serial Sandra Pettovello por dejar a los pibes sin comer y ocultar pruebas. Siguen jugando con el hambre de los chicos y delinquiendo alegremente”.
El Ministerio de Capital Humano, por su parte, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, argumentando que el Poder Judicial no debe interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas, que son de competencia exclusiva del Ejecutivo.
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