La causa por fentanilo adulterado avanzó con allanamientos que involucran a la Anmat y al Iname en medio de graves sospechas sobre controles deficientes.
La investigación por el fentanilo adulterado, que ya provocó cerca de un centenar de muertes en el país, avanzó este lunes con una serie de allanamientos simultáneos. El juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta ordenaron siete operativos en distintos puntos, lo que generó fuerte repercusión. Entre los elementos incautados se incluyó el teléfono celular de Nélida Agustina Bisio, directora de la Anmat.
La pesquisa no solo apunta a este organismo. También involucra al Iname y al Ministerio de Salud, que decidió retirarse de la causa como querellante. La situación del Iname resultó especialmente delicada porque, tras conocerse posibles vínculos de su titular, Gabriela Mantecón Fumadó, se resolvió apartarla del cargo.
Para la fiscal Roteta, las instituciones implicadas habrían actuado con “negligencia, connivencia o complicidad” en los controles a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., ambos bajo la conducción de Ariel García Furfaro. Estas irregularidades abrieron nuevos interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización del sistema sanitario y sobre las eventuales responsabilidades de los funcionarios.
Sin embargo, todavía quedan por resolverse las indagatorias y las situaciones procesales de los acusados. Los investigadores también buscan establecer si existen más víctimas, aunque la información disponible sigue siendo fragmentaria y dispersa, lo que complica el avance del expediente.
Los allanamientos tuvieron como objetivo central la obtención de documentación y dispositivos electrónicos que puedan aportar pruebas decisivas. Según fuentes judiciales, el análisis de esos elementos será determinante para esclarecer la cadena de fallas y delimitar las responsabilidades por la falta de controles en los laboratorios cuestionados.
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