A través del Decreto 837/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno declaró a Aerolíneas Argentinas empresa estatal sujeta a privatización.
A través del Decreto 873/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno declaró oficialmente a Aerolíneas Argentinas como una empresa estatal sujeta a privatización. Argumentó que “tras 16 años de estatización, los objetivos planteados no se han cumplido”.
La decisión fue anticipada por Manuel Adorni. El vocero presidencial había indicado que “el presidente de la Nación firmará un decreto que declarará a Aerolíneas sujeta a privatización, tal como lo permite el artículo noveno de la Ley de Reforma del Estado”.
El Ejecutivo explicó que esta norma, que deberá ser aprobada por el Congreso, “se alinea con las políticas del Gobierno nacional sobre apertura económica“. Asimismo, reconoce que la conectividad aérea es fundamental para el desarrollo económico del país”. Además, se destacó que “busca que Aerolíneas opere con criterios de eficiencia comercial y fomente un entorno competitivo, sin que esto signifique una pérdida de soberanía nacional”.
En este contexto, se destacó que “la privatización de la compañía y su operación en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio“. También destacaron que protegerá las finanzas públicas y, sobre todo, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una empresa ineficiente”.
Aerolíneas Argentinas quedó sujeta a privatización
La administración de Javier Milei decidió avanzar con la privatización de la aerolínea, que había quedado excluida de la Ley Bases. Todo eso en medio de un conflicto con el personal que incluyó medidas de fuerza y reclamos en las últimas semanas. En el documento oficial, el Gobierno criticó a los trabajadores de la empresa; afirmó que “a pesar de los graves resultados económicos de Aerolíneas Argentinas S.A., sus empleados mantienen beneficios significativos que agravan la situación”.
Entre estos beneficios se mencionan los pasajes gratuitos en clase ejecutiva para los pilotos y sus familias, así como otros privilegios que han sido considerados excesivos.
La firma del decreto se suma a un proyecto de privatización presentado por el diputado Hernán Lombardi, quien no logró el apoyo necesario para su rápida aprobación en la Cámara. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron que diputados de varios partidos acordaron avanzar con el dictamen de comisión la próxima semana.
Vale mencionar que la situación se complica aún más por la necesidad urgente de nombrar un nuevo gerente de operaciones. La compañía no puede funcionar sin este puesto cubierto, tras la renuncia del anterior gerente. El plazo para este nombramiento vence el 16 de octubre, día en que también se discutirá la expulsión del sindicalista Pablo Biró del Directorio.
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