A tres años de la sanción del aborto legal, un informe destacó la reducción de la fecundidad adolescente y de muertes maternas, aunque persisten desigualdades en el acceso.
Al cumplirse tres años desde la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el Proyecto Mirar presentó su informe anual, revelando avances en salud sexual y reproductiva. Según el reporte, durante 2023 se realizaron 86.565 abortos en el sistema de salud público, lo que se traduce en una tasa nacional de 8 abortos por cada 1000 mujeres.
Uno de los logros más destacados del informe es la disminución en la fecundidad de niñas y adolescentes, así como una notable reducción en las muertes maternas asociadas al aborto. En paralelo, los servicios de salud que garantizan la práctica en el país se duplicaron desde la implementación de la ley, aunque la disponibilidad de estos servicios varía significativamente entre provincias.
Los datos
El informe detalla que en 2023, el gobierno nacional distribuyó 166.164 tratamientos para abortos con medicamentos, un incremento sustancial respecto a los 18.590 tratamientos entregados en 2020, antes de la legalización del aborto. Sin embargo, el acceso a estos servicios sigue siendo desigual, con provincias como Chaco, Santiago del Estero y Tucumán presentando las cifras más bajas de efectores públicos que proveen IVE.
El informe también aborda las 38 demandas judiciales presentadas entre 2018 y principios de 2024 contra el derecho al aborto legal y seguro. De estas, 35 fueron resueltas a favor de mantener las normativas vigentes, mientras que las restantes aún están pendientes de resolución en la Corte Suprema de Justicia. La mayoría de estas demandas se originaron en provincias con mayor capacidad de movilización social, como Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Salta.
El análisis también incluye una evaluación del Plan Enia, un programa destinado a prevenir embarazos no deseados en la adolescencia, que fue desmantelado por el actual gobierno. Según el informe, dicho programa logró reducir en un 50% los embarazos adolescentes y en un 57% la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años, un grupo particularmente vulnerable debido a situaciones de abuso sexual en el entorno familiar.
Problemas
Sin embargo, aún persisten disparidades en el acceso a servicios de aborto en diferentes regiones del país. Mientras que en algunas provincias la proporción de efectores públicos que ofrecen IVE es mínima, en otras, como Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, se alcanza casi el 100%.
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