A medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Argentina vuelve a poner en primer plano el debate sobre la memoria, la verdad y la justicia frente al terrorismo de Estado y el silencio persistente de los represores.
Entre 1976 y 1983, la última dictadura cívico-militar instaló en la Argentina un sistema de terrorismo de Estado que funcionó a través de más de 600 centros clandestinos de detención. Allí se torturó, humilló y asesinó a miles de personas, en su mayoría militantes de organizaciones armadas, pero también estudiantes, trabajadores, profesionales y activistas políticos y sociales.
En ese entramado represivo, unas secuestradas dieron a luz en cautiverio. Se calcula que alrededor de 300 bebés fueron apropiados y entregados a militares o civiles que los criaron como propios, ocultando su identidad y arrancándolos de sus familias de origen.
A cinco décadas del golpe, solo 140 de esas personas nacidas en centros clandestinos pudieron conocer quiénes fueron sus madres y padres biológicos. El resto, unas 160, aún vive en la incertidumbre. Recuperar la identidad suele ser un proceso doloroso, pero imprescindible: saber es difícil, pero no saber es una condena que se prolonga en el tiempo.
Del juicio a las juntas al consenso sobre el terrorismo de Estado
Desde el histórico juicio a las juntas de 1985, la sociedad argentina fue construyendo un consenso: lo sucedido no fue una guerra entre dos bandos equivalentes, sino un plan sistemático de aniquilamiento desplegado desde el Estado contra sus propios ciudadanos.
Ese acuerdo básico sostuvo que las Fuerzas Armadas no cometieron simples “errores” o “excesos”, sino crímenes gravísimos: secuestros, desapariciones, torturas, asesinatos, además de delitos comunes como violaciones sexuales y robos de bienes. Nada de eso puede justificarse invocando la lucha contra el comunismo u otras fórmulas de la época.
Hubo retrocesos importantes, como las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que limitaron durante años el avance de los juicios. Sin embargo, la lucha de organismos de derechos humanos y la recuperación democrática de la memoria lograron reinstalar las causas y mantener viva la exigencia de justicia.
El silencio de los represores y el valor de la memoria
A pesar de las condenas, los responsables directos del terrorismo de Estado nunca aportaron datos que permitan conocer el destino de las personas desaparecidas ni la situación de quienes fueron apropiados al nacer. No han señalado dónde están los restos, ni quiénes criaron a esos niños que hoy son mujeres y hombres adultos.
Ese silencio, subrayan quienes trabajan en memoria y derechos humanos, es una forma de ratificación. Dice: “No nos arrepentimos”. Dice: “Hicimos lo correcto”. Y también dice: “Si pudiéramos, lo volveríamos a hacer”.
Al mismo tiempo, esos represores tienen y tendrán un derecho que negaron a sus víctimas: un juicio justo, con garantías procesales, defensa y debido proceso. Esa diferencia marca la distancia entre el Estado terrorista y el Estado de derecho que la Argentina buscó reconstruir desde 1983.
Por eso, a 50 años del golpe de Estado, recordar no es mirar hacia atrás, sino interpelar el presente: revisar qué discursos habilitan la violencia, cómo se relativizan los crímenes de la dictadura y de qué manera se sostienen, o se erosionan, los consensos democráticos construidos durante cuatro décadas.
La memoria sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983 sigue siendo una herramienta central para fortalecer las instituciones, evitar la impunidad y afirmar, una vez más, que el terrorismo de Estado no tiene justificación posible.
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