La Justicia federal lleva cinco años con la causa del amparo ambiental, que tramita en paralelo en el fuero civil y no muestra avances significativos.
En la rama penal, los seis ejecutivos de Aguas Santafesinas SA imputados por contaminación ambiental se negaron a declarar sin explicaciones claras después de un largo proceso de declinación de competencia del juez federal. Mientras tanto, en el fuero civil, la ONG Cuenca Río Paraná se opuso a una pericia solicitada por la jueza federal Sylvia Aramberri para tomar muestreos periódicos durante 12 meses y analizarlas estadísticamente.
La organización no gubernamental argumentó que una prueba similar ya había sido producida en sede penal y que se trataba de una pérdida de tiempo y recursos económicos. La Unidad de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina ya había detectado que toda el área peritada estaba contaminada con residuos peligrosos y con contaminantes emergentes.
La ONG sostuvo que, dada la falta de tratamiento de los vertidos al río Paraná y la presencia de aguas contaminadas que son peligrosas para el medio ambiente y la salud pública, la acción de amparo y preventiva de daño ambiental es urgente. Por otro lado, la jueza federal rechazó el planteo de la ONG y fijó fecha de audiencia para el próximo 28 de agosto para que comparezcan las partes personalmente, y de no arribarse a un acuerdo conciliatorio, tomará la absolución de posiciones de las partes.
Sobre la situación judicial
A fines de 2022, el fiscal federal Claudio Kishimoto solicitó la indagatoria de los seis directivos de Aguas Santafesinas SA al conocer los resultados de las principales pericias. En su exposición ante el juez, argumentó que había “motivo bastante” para sospechar que la empresa de suministro de agua potable y desagües cloacales había contaminado de manera peligrosa el suelo, el agua y la salud pública, al verter efluentes cloacales e industriales sin previo tratamiento.
La indagatoria se llevó a cabo el 21 de junio pasado, pero ninguno de los imputados hizo declaraciones. Fuentes cercanas al caso informaron que uno de los directivos estaba enfermo, por lo que el juez solicitó su historial médico. Los otros cuatro directivos se abstuvieron de declarar, al igual que el gerente de Administración General de la empresa de servicios públicos.
En una imputación de varias hojas, Kishimoto los acusa de contaminar de manera peligrosa para la salud, el suelo y el agua del río Paraná, vertiendo efluentes cloacales e industriales sin previo tratamiento (alrededor de 350.000.000 litros diarios) desde la Planta de Recepción Emisario Sur, ubicada en el predio de Av. Circunvalación y Ayolas de Rosario, donde se descargan camiones atmosféricos.
El fiscal sitúa el delito entre septiembre de 2018 (fecha en que se presentó la acción de amparo) y octubre de 2021 (fecha en que se realizaron las últimas actividades técnicas de corroboración).
En cuanto a las pruebas, señala que las pericias arrojaron valores elevados de sustancias infecciosas, como la Escherichia coli, considerada residuo peligroso.
También menciona fotos e imágenes satelitales que muestran el curso del agua del río con una coloración inapropiada, la dársena, el punto de vertido, el vaciadero de ASSA y la cercana zona habitada, que convive con materia fecal y sustancias aceitosas/grasosas.
Comentarios