La situación de un instituto privado de salud en Reconquista encendió alarmas entre estudiantes y familias, luego de que se conociera que las carreras que dicta no contarían con el aval correspondiente en la provincia de Santa Fe.
Un profundo conflicto institucional afecta directamente el futuro de decenas de estudiantes pertenecientes a las localidades de Reconquista y Villa Ocampo. La problemática administrativa estalló tras descubrirse que el Instituto Superior del Noreste carece de las autorizaciones legales exigidas en la provincia de Santa Fe. Por esta razón, las autoridades procedieron al desalojo definitivo de la entidad de los espacios físicos pertenecientes a la Universidad Tecnológica Nacional.
Irregularidades en las autorizaciones y bloqueo curricular
Con respecto al plano legal, el establecimiento educativo posee un aval emitido exclusivamente por las dependencias de la provincia del Chaco. Sin embargo, dicha documentación carece de validez automática para el dictado de las carreras de Instrumentación Quirúrgica y Radiología en territorio santafesino. Por consiguiente, el Ministerio de Salud provincial no reconoce oficialmente las trayectorias académicas de los alumnos inscritos en este ciclo lectivo.
Como consecuencia inmediata de esta situación, la institución se encuentra completamente imposibilitada de suscribir convenios con los efectores médicos de la región norteña. Los jóvenes necesitan realizar obligatoriamente las prácticas profesionales en hospitales zonales para obtener la correspondiente matrícula habilitante del Estado. Debido a este impedimento fáctico, los damnificados temen perder el esfuerzo económico volcado en el pago de cuotas y matrículas mensuales.
Acciones judiciales y protestas en la sede de Reconquista
Por este motivo, un numeroso grupo de familias concentró sus reclamos frente a las instalaciones de la UTN Reconquista para exigir respuestas. No obstante, las explicaciones de los directivos del instituto chaqueño resultaron nulas y un delegado anónimo solo aportó un correo electrónico de contacto. Entretanto, los representantes de la universidad tecnológica tomaron distancia del conflicto aclarando que solo mantenían un acuerdo de alquiler de aulas.
A raíz del persistente silencio directivo, los afectados formalizaron denuncias ante la Defensoría del Consumidor y las oficinas de la Fiscalía local. Las presentaciones judiciales buscan establecer las responsabilidades penales de la organización por el presunto delito de estafa y ejercicio ilegal educativo. Asimismo, las comunidades damnificadas solicitarán de manera urgente la intervención directa de los inspectores del Ministerio de Educación de Santa Fe.
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