Dirigentes de la oposición cuestionan el actual proceso de licitación de la hidrovía del río Paraná y reclaman que se suspenda hasta garantizar controles ambientales y participación de todas las jurisdicciones involucradas.
Denuncias por falta de estudio ambiental y participación federal
El diputado nacional y excanciller Jorge Taiana advirtió sobre “graves irregularidades” en la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Según planteó, el proceso avanza sin un estudio de impacto ambiental previo ni la intervención efectiva de las provincias ribereñas, puntos que ya habían sido señalados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía anticorrupción.
Taiana sostuvo que se trata de una obra estratégica para el comercio exterior argentino y subrayó que el Estado debe garantizar controles estrictos sobre el dragado, el balizamiento y la administración de la vía navegable, que conecta los principales puertos del país con el océano Atlántico.
El reclamo se centra en que un corredor fluvial de esa magnitud no puede adjudicarse sin una evaluación detallada de los efectos sobre el río, sus costas y los ecosistemas asociados, ni sin instancias formales de consulta con las provincias involucradas y con los actores sociales que viven y trabajan en la región.
“La batalla por la Hidrovía” y el debate por la soberanía
En la misma línea, el diputado Carlos Castagnetto definió la discusión por el futuro de la Hidrovía como “la madre de todas las batallas” y remarcó que, a su entender, está en juego la soberanía nacional. Para el legislador, el modo en que se concesione y controle este corredor fluvial tendrá impacto directo sobre la recaudación fiscal, el comercio de granos y la capacidad del Estado de fiscalizar el tráfico de mercancías.
Ambos dirigentes plantean que la transparencia del proceso licitatorio y el rol del sector público son claves para evitar que la administración de la vía navegable quede concentrada en pocos actores privados sin contrapesos efectivos. En ese marco, reclaman abrir el debate en el Congreso y fortalecer los mecanismos de control.
Las advertencias también retoman cuestionamientos previos sobre posibles beneficios indebidos a empresas vinculadas al negocio portuario y de transporte, así como la necesidad de garantizar que las provincias costeras participen de las decisiones sobre tarifas, obras y pliegos de la licitación.
Abogados ambientalistas prevén impugnaciones
En paralelo, abogados ambientalistas sostienen que, si se confirma la ausencia de un estudio integral de impacto ambiental y de instancias de participación ciudadana, la licitación podría ser judicialmente cuestionada. Consideran que estos requisitos son centrales en cualquier obra que afecte cursos de agua de relevancia internacional.
Los especialistas señalan que el río Paraná cumple un rol esencial tanto en términos productivos como ecológicos, y que cualquier modificación en su cauce o en el régimen de navegación debe planificarse con criterios de sostenibilidad y acceso a la información pública. De lo contrario, podrían prosperar medidas cautelares y presentaciones ante la Justicia para intentar frenar el proceso.
Mientras avanzan las discusiones técnicas y políticas, el futuro de la Hidrovía seguirá bajo la lupa de legisladores, organizaciones sociales y referentes ambientales, que insisten en que el rediseño del esquema de concesión debe contemplar la protección del río y el resguardo de los intereses del país.
Comentarios