El Gobierno nacional salió a responder a la masiva Marcha Federal Universitaria y volvió a poner en duda la viabilidad de la nueva ley de financiamiento aprobada en el Congreso, a la que califica como inviable desde su origen.
En declaraciones tras la Marcha Federal Universitaria, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expresó la posición del Gobierno frente a la norma recientemente sancionada en el Congreso. Según el funcionario, la ley de financiamiento para las universidades nacionales “nació muerta” y no resuelve los problemas estructurales del sistema.
La movilización reunió a docentes, estudiantes, no docentes, graduados y rectores en distintas ciudades del país, en defensa del presupuesto universitario y del carácter público y gratuito de las casas de estudio. Mientras en las calles se reclamaba por mayores recursos, la administración libertaria ratificó su decisión de judicializar la iniciativa aprobada por el Poder Legislativo.
Críticas oficiales a la ley aprobada en el Congreso
Álvarez afirmó que el texto votado por diputados y senadores implica un incremento del gasto que el Ejecutivo considera imposible de sostener en el actual contexto fiscal. En esa línea, planteó que el proyecto se elaboró sin contemplar el equilibrio de las cuentas públicas que el Gobierno de Javier Milei define como condición central de su programa económico.
El subsecretario señaló que, a juicio del oficialismo, la ley fue impulsada más como una respuesta política a la tensión con las universidades que como una herramienta técnica para mejorar su financiamiento. Por eso insistió en que, de aplicarse tal como está, afectaría el plan de ajuste del déficit que el Gobierno reivindica como meta prioritaria.
Estrategia judicial y disputa por el financiamiento
En paralelo, Álvarez volvió a respaldar la idea de recurrir a la Justicia para frenar la implementación de la norma. La gestión libertaria analiza diferentes caminos legales para cuestionar la constitucionalidad o la viabilidad financiera del esquema de recursos que se fijó para las universidades nacionales.
La estrategia oficial apunta a que sea el Poder Judicial quien defina si el Congreso puede obligar al Ejecutivo a ampliar partidas en un área específica, en medio de un programa de recorte general del gasto. Desde el Gobierno sostienen que, de lo contrario, se abriría la puerta a que distintas mayorías circunstanciales impulsen leyes de expansión del presupuesto que condicionen la política económica.
Mientras tanto, las autoridades universitarias y las organizaciones estudiantiles reclaman que se garantice el funcionamiento básico de las instituciones y advierten sobre el deterioro de salarios, infraestructura y becas. Para el Gobierno, en cambio, el objetivo es avanzar hacia un esquema que, según remarcan, haga “más eficiente” el uso de los fondos públicos y revise la forma en que se distribuyen los recursos entre las distintas casas de estudio.
Tensión abierta entre el Gobierno y el sistema universitario
La respuesta de Álvarez confirma que la disputa por el financiamiento universitario seguirá abierta, aun después de la sanción de la ley. La masiva movilización de la comunidad educativa mostró el respaldo social a la defensa de la universidad pública, mientras que el Ejecutivo insiste en que no resignará su hoja de ruta fiscal.
Con este escenario, el conflicto combina presión en las calles, pulseadas parlamentarias y una inminente batalla judicial. El desenlace marcará no solo el futuro inmediato de las universidades nacionales, sino también los límites del programa de ajuste que el Gobierno busca sostener frente a las demandas de distintos sectores sociales.
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