Ocho años después de una liposucción realizada en una clínica céntrica de Rosario, la Justicia somete a juicio al cirujano Damián Bifarello, acusado por la muerte de su paciente y señalado por presunta mala praxis.
El cirujano plástico Damián Bifarello enfrenta un juicio oral por homicidio culposo a raíz del fallecimiento de una mujer que se sometió a una liposucción en una clínica ubicada en pleno centro de Rosario. La intervención se realizó hace ocho años y, según la acusación, derivó en complicaciones que terminaron con la vida de la paciente.
La fiscalía pidió una pena de tres años de prisión condicional para el profesional, es decir, sin cumplimiento efectivo en una cárcel, y además solicitó que quede inhabilitado por diez años para ejercer la medicina. Para los acusadores, Bifarello no habría observado los deberes de cuidado exigidos para este tipo de cirugías estéticas.
El proceso judicial se sigue con atención en ámbitos médicos y legales, porque vuelve a poner bajo la lupa los controles y protocolos en torno a las cirugías de alta complejidad que se realizan en clínicas privadas de Rosario.
Responsabilidad profesional y estándares de seguridad
En este tipo de causas, los tribunales analizan si el profesional actuó conforme a la lex artis, es decir, a las prácticas aceptadas y protocolos vigentes para la especialidad. La acusación sostiene que hubo un obrar negligente durante la liposucción y en el manejo posterior de las complicaciones que sufrió la paciente.
El pedido de inhabilitación por una década apunta a remarcar la gravedad que la fiscalía le asigna al caso. Más allá del resultado del juicio, el expediente se convierte en una referencia para la discusión sobre la seguridad en las intervenciones estéticas y las obligaciones de información que los médicos tienen con quienes se someten a estos procedimientos.
La muerte de la mujer, ocurrida luego de la cirugía practicada en una clínica céntrica rosarina, renovó además el debate acerca de las condiciones de infraestructura, la disponibilidad de equipos de emergencia y la supervisión estatal en el sector privado de la salud.
Mientras el tribunal avanza en la evaluación de las pruebas, el caso Bifarello se suma a otros expedientes de presunta mala praxis que en los últimos años llegaron a los tribunales penales de Rosario, con impacto directo en la confianza de los pacientes y en la práctica cotidiana de los profesionales de la salud.
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