La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó en el centro de una fuerte polémica tras conocerse un informe oficial que detectó pagos muy superiores a los valores de mercado por insumos ortopédicos.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó en el centro de una fuerte polémica tras conocerse un informe oficial que detectó pagos muy superiores a los valores de mercado por insumos ortopédicos. La Justicia ya puso en marcha una causa que apunta a empresarios proveedores y exfuncionarios vinculados a esas contrataciones.
El caso se originó a partir de un informe interno del Ministerio de Salud de la Nación, que relevó contrataciones realizadas por la agencia para la compra de insumos ortopédicos destinados a personas beneficiarias de prestaciones por discapacidad. Según ese relevamiento, se registraron diferencias de hasta 4239% entre los valores abonados por ANDIS y los precios de referencia del mercado para productos similares. El desfasaje encendió alarmas en los organismos de control y derivó en la apertura de una investigación judicial.
Las operaciones bajo sospecha incluyen la adquisición de sillas de ruedas, elementos de rehabilitación y otros materiales ortopédicos. El foco está puesto en el mecanismo de contratación y en la eventual connivencia entre funcionarios y empresas proveedoras.
Empresarios citados a indagatoria
En este contexto, la Justicia avanzó con la citación de empresarios vinculados a las firmas que participaron de las compras ahora cuestionadas. Las indagatorias, previstas para esta semana, buscarán determinar cómo se fijaron los precios y si existieron acuerdos previos para inflarlos artificialmente.
Los investigadores pretenden reconstruir el circuito completo de las contrataciones: desde los pedidos de insumos, la selección de proveedores y la aprobación de expedientes, hasta la autorización final de los pagos. La hipótesis es que se habrían aprovechado de la urgencia y la necesidad de las personas con discapacidad para convalidar importes muy por encima de lo habitual.
La causa también apunta a identificar si hubo responsabilidades políticas y administrativas dentro de ANDIS o de otras dependencias estatales que intervinieron en los procesos de compra. No se descarta la ampliación del listado de imputados a medida que avancen las declaraciones.
Impacto en las políticas de discapacidad
El escándalo genera preocupación entre organizaciones y familias que dependen de las prestaciones que gestiona la Agencia Nacional de Discapacidad. Temen que el desvío de fondos por sobreprecios haya afectado la cantidad y la calidad de insumos disponibles para los beneficiarios.
Referentes del sector advierten que cada peso destinado de manera irregular implica menos recursos para quienes necesitan sillas de ruedas, prótesis, ortesis u otros dispositivos clave para su vida cotidiana. Reclaman que se transparente el funcionamiento del organismo y que se revisen a fondo los contratos sospechados.
Mientras tanto, se espera que el avance de la causa sirva para revisar los mecanismos de control y de compra en áreas sensibles del Estado, especialmente aquellas vinculadas a poblaciones vulnerables. El desafío será garantizar que el acceso a los insumos no se vea interrumpido mientras se investigan las responsabilidades penales y administrativas.
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