Un nuevo proyecto presentado en el Congreso propone llevar a retenciones cero a las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial mediante una reducción gradual de los Derechos de Exportación hasta 2028.
Una iniciativa para bajar la presión sobre el agro
La autora del proyecto es la diputada santafesina Gisela Scaglia, del bloque Provincias Unidas. La propuesta impulsa una reforma gradual del esquema de retenciones aplicado a las exportaciones agropecuarias y agroindustriales, con el objetivo de llegar a la eliminación total de estos impuestos en 2028.
La iniciativa busca dar previsibilidad a un sector clave para la generación de divisas y la actividad económica, a partir de un cronograma de reducción progresiva de los Derechos de Exportación. La idea es que, año a año, la carga tributaria sobre las ventas externas del campo se vaya reduciendo hasta su desaparición definitiva.
En el centro del debate aparece el rol del agro argentino como motor de la economía y principal aportante de dólares, frente a un esquema de retenciones que el sector cuestiona desde hace años. El proyecto de Scaglia se alinea con la postura de las entidades rurales y de buena parte de la cadena agroindustrial, que reclaman una reducción sostenida de los tributos a la exportación.
Impacto en el sector agropecuario y agroindustrial
El planteo de retenciones cero hacia 2028 apunta a incentivar la inversión, la adopción de tecnología y la ampliación de la producción. De concretarse, la medida podría modificar la ecuación económica de productores, acopios, industrias y exportadores, que hoy ajustan sus decisiones de siembra y comercialización según la carga impositiva vigente.
En la agroindustria, la baja gradual de Derechos de Exportación también podría impulsar la industrialización de materias primas como soja, maíz y trigo, al mejorar la competitividad de los productos con mayor valor agregado en los mercados internacionales.
La propuesta abre, además, un nuevo capítulo en la discusión sobre la recaudación del Estado nacional y el esquema fiscal aplicado al comercio exterior. El debate en el Congreso deberá contemplar el equilibrio entre las necesidades de financiamiento del sector público y las demandas de competitividad del complejo agroexportador.
Desde Santa Fe, una de las provincias más ligadas a la producción de granos y derivados, la discusión adquiere un interés particular por el peso que tienen las exportaciones del campo y la industria vinculada a la agroalimentación.
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