La búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos volvió a quedar en el centro del debate a partir del caso de Bruno Gentiletti en Rosario. Mientras la familia espera respuestas, especialistas remarcan falencias en los protocolos de actuación y piden agilizar las herramientas existentes.
Críticas a la burocracia y reclamo por respuestas rápidas
Ana Rosa Llobet, titular de Missing Children Argentina, advirtió que en el país persiste una “mucha burocracia” que enlentece las primeras horas de búsqueda. Para la especialista, esos tiempos son clave para preservar pruebas, reconstruir movimientos y alcanzar pistas firmes sobre el paradero de los chicos.
Llobet señaló que la experiencia de la organización muestra que, cuando el Estado y la sociedad se movilizan rápido, aumentan las posibilidades de hallar con vida a los menores. En contraste, cada demora en la difusión de datos o en la activación de protocolos reduce ese margen.
En el caso de Bruno Gentiletti, la difusión masiva de su foto y la sensibilidad social pusieron otra vez bajo la lupa los mecanismos oficiales, especialmente el funcionamiento de la Alerta Sofía, la herramienta que debería activarse ante desapariciones de alto riesgo.
Cómo funciona el Alerta Sofía y por qué no se aplica siempre
El Alerta Sofía es un sistema de difusión urgente que se utiliza en casos considerados extremos, cuando hay indicios de que un niño o adolescente corre un grave peligro. Llobet explicó que no se activa frente a cada denuncia, sino solo cuando se cumplen criterios muy específicos definidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Esa selección apunta a evitar la saturación de la herramienta, pero también genera cuestionamientos de familias y organizaciones, que entienden que algunas desapariciones no reciben la misma prioridad. Según Llobet, la evaluación de riesgo suele ser lenta y se pierde un tiempo valioso antes de decidir la emisión de la alerta.
La responsable de Missing Children remarcó que, cuando finalmente se difunda un Alerta Sofía, la circulación masiva de la imagen del menor puede ser determinante. “La recompensa estimula; hay gente que sabe qué pasó”, señaló, aludiendo a cómo la combinación de recompensa económica y exposición pública mueve a testigos que hasta entonces se mantenían en silencio.
Recompensas, rol de la sociedad y uso de tecnología
Para Llobet, la oferta de una recompensa oficial es una herramienta concreta para que se acerquen datos clave. No solo impulsa nuevas llamadas a las líneas de denuncia, sino que también puede ayudar a romper pactos de silencio en entornos donde se conoce información sensible.
En paralelo, la referente de Missing Children insistió en que es necesario modernizar los canales de comunicación. Entre sus pedidos, destacó que las empresas de telefonía puedan enviar imágenes y alertas masivas en el celular de los usuarios, un mecanismo que ya se utiliza en otros países para emergencias y desapariciones.
La articulación entre fuerzas de seguridad, justicia, organismos especializados y ciudadanía se vuelve central. Llobet subrayó que cada fotografía compartida y cada dato que llega a las líneas oficiales puede transformarse en un avance concreto en una investigación que, muchas veces, arranca con muy poca información.
Más de 120 chicos desaparecidos registrados en el país
Según los registros que Missing Children Argentina mantiene en su página web, en la actualidad hay más de 120 chicos desaparecidos en todo el país. Se trata de casos de distinta antigüedad, pero todos con una característica en común: familias que siguen reclamando búsqueda activa y respuestas del Estado.
Las fichas públicas de la organización detallan nombre, edad, fotografía y lugar donde se vio por última vez a cada niño o adolescente. Esa información, actualizada de manera constante, permite que cualquier persona pueda colaborar si reconoce algún rostro o aporta datos que ayuden a ubicar a los menores.
En este contexto, referentes como Llobet insisten en que la discusión no debe limitarse a cada caso puntual. Plantean la necesidad de revisar los protocolos, reducir la burocracia y garantizar que herramientas como el Alerta Sofía y las recompensas estatales estén disponibles sin demoras cuando la vida de un chico está en riesgo.
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