Un hombre quedó detenido en Rosario acusado de intervenir un teléfono secuestrado en una causa judicial y borrar conversaciones y archivos de WhatsApp, maniobra que podría haber afectado una investigación en curso sobre presuntos hechos de corrupción.
De acuerdo con la información preliminar, la Fiscalía sostiene que el sospechoso, junto a su madre y otras personas, habría accedido de manera indebida a un celular que estaba bajo custodia de Asuntos Internos. Sobre ese dispositivo pesaba una orden de secuestro en el marco de una investigación judicial que podría involucrar a funcionarios públicos.
La acusación indica que los involucrados habrían eliminado chats, archivos y contenidos de WhatsApp con el objetivo de obstaculizar la pesquisa. Por la naturaleza del material, los investigadores no descartan que se trate de información que podría comprometer a agentes estatales y a otras personas del ámbito local.
El celular, una prueba clave bajo sospecha
El teléfono había sido secuestrado por personal de Asuntos Internos, área encargada de investigar presuntas irregularidades dentro de las fuerzas de seguridad y otras dependencias estatales. Se trataba de un elemento considerado sensible, ya que en su memoria podrían almacenarse conversaciones, audios e intercambios que aportaran datos relevantes a la causa principal.
Fuentes del caso señalaron que, al revisar el dispositivo, los peritos detectaron la falta de parte del contenido original. Esa situación encendió las alarmas y derivó en una nueva línea de pesquisa centrada en reconstruir qué se borró, quiénes tuvieron acceso al aparato y en qué momento se concretó la supuesta maniobra.
Para los investigadores, el borrado de información en un teléfono secuestrado no solo constituye una violación de las medidas de resguardo, sino que también podría configurar delitos vinculados al entorpecimiento de una investigación judicial y a la destrucción de pruebas.
Posibles vínculos con funcionarios bajo la lupa
La causa se desarrolla en el marco de una pesquisa más amplia en la que se analizan eventuales conexiones con funcionarios públicos. Aunque por el momento no se difundieron nombres, la sospecha es que el contenido del celular podría aportar indicios sobre relaciones, favores o movimientos que comprometan a personas con responsabilidades institucionales.
En ese contexto, la intervención sobre el dispositivo adquiere una relevancia particular: si se confirma que el imputado y su entorno borraron chats y archivos, la Justicia deberá determinar si actuaron por cuenta propia o en coordinación con terceros interesados en que cierto material no salga a la luz.
El rol de la madre del detenido y de las otras personas mencionadas en la investigación también está bajo análisis. La Fiscalía busca establecer qué participación tuvo cada una en el acceso al teléfono y si existió una planificación previa para alterar la información almacenada.
Qué viene ahora en la investigación
En las próximas instancias se esperan nuevas pericias sobre el celular, orientadas a recuperar los datos eliminados y determinar el alcance real del daño a la prueba. Especialistas en informática forense trabajarán sobre copias de seguridad, registros internos de la aplicación y de sistema para reconstruir el movimiento del dispositivo.
Al mismo tiempo, la Fiscalía avanzará con testimoniales y requerirá información complementaria a Asuntos Internos para precisar las condiciones de custodia del aparato. El objetivo es establecer si hubo fallas en los protocolos o si existió algún grado de connivencia para facilitar el acceso al teléfono secuestrado.
Mientras tanto, el detenido permanece a disposición de la Justicia, que deberá resolver su situación procesal y definir las responsabilidades penales de todos los involucrados, en una causa que vuelve a poner el foco en la necesidad de preservar con rigor las pruebas digitales en investigaciones complejas.
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