La concejala rosarina Fernanda Gigliani cuestionó con dureza el decreto municipal que suprime la obligación de presentar certificados de aportes profesionales para obtener permisos de obras privadas en Rosario y advirtió por el impacto en los controles y la seguridad edilicia.
Gigliani, del bloque Iniciativa Popular, pidió que se derogue el decreto firmado por el intendente Pablo Javkin, que exime a arquitectos, ingenieros y demás profesionales de presentar el certificado de aportes ante sus colegios para tramitar permisos de demolición, edificación y finales de obra.
Según la edila, la decisión del Ejecutivo municipal debilita el resguardo de la legalidad y el control administrativo sobre el circuito de obras particulares en la ciudad. A su entender, no se trata de un trámite menor, sino de una instancia clave para verificar la habilitación y situación profesional de quienes intervienen en proyectos de alto riesgo constructivo.
“No es burocracia, es seguridad pública”
Gigliani remarcó que los certificados de aportes no sólo acreditan el cumplimiento de obligaciones previsionales y de obra social. También permiten comprobar que los profesionales están matriculados, habilitados y sin sanciones que limiten su actuación, además de contar con las incumbencias necesarias para asumir las tareas que se les asignan.
En esa línea, sostuvo que la medida de la Intendencia afecta directamente la seguridad pública, al flexibilizar controles en una actividad catalogada como de alto riesgo, como es la construcción. Para la concejala, se trata de una señal equivocada en una ciudad que ya arrastra antecedentes de conflictos y siniestros vinculados a obras y edificaciones.
La edila consideró que, si el objetivo del municipio es reducir la burocracia, debería enfocarse en mejorar el funcionamiento interno de las áreas encargadas de otorgar permisos de obra. Denunció que en muchos casos los trámites se extienden durante meses, lo que ralentiza la dinámica del sector de la construcción local y genera costos adicionales.
Críticas al decreto de Javkin y apoyo de los colegios profesionales
En contraste con el planteo de Pablo Javkin, quien presentó la eliminación del requisito como una forma de simplificar gestiones, Gigliani afirmó que las certificaciones “no constituyen una carga burocrática, sino una herramienta institucional clave” para sostener el poder de policía municipal en materia edilicia y administrativa.
La concejala advirtió que la supresión de estos controles implica, en los hechos, renunciar a la capacidad del Estado local de verificar el cumplimiento de obligaciones legales vigentes. De ese modo, se debilita el sistema de control cruzado entre municipio y colegios profesionales, pensado para prevenir irregularidades en obras privadas.
Gigliani acompañó el reclamo de arquitectos, ingenieros y otros profesionales del rubro, quienes señalan que el certificado de aportes es un requisito estructural del circuito de permisos y no un simple papel. Desde ese sector advierten que suprimirlo implica una pérdida de control institucional sobre quiénes firman y ejecutan los proyectos.
“La simplificación administrativa no puede justificar la eliminación de controles sustanciales, especialmente cuando esos controles garantizan el resguardo institucional, previsional y de legalidad”, concluyó la concejala, al reclamar que el municipio revierta el decreto y restituya el trámite ante los colegios profesionales.
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