Dos jóvenes fueron acusados formalmente por presuntas amenazas de atentados contra una escuela de la localidad santafesina de Llambí Campbell. La causa, que se tramita en el fuero de menores, se inscribe en el contexto de un fuerte aumento de falsas amenazas que obligan a costosos operativos de seguridad en toda la provincia.
La fiscala de menores Ana Laura Gioria imputó este jueves a dos jóvenes de 16 y 18 años por su presunta participación en amenazas de atentados dirigidas a una escuela de Llambí Campbell, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. La audiencia se realizó en los Tribunales de Esperanza, donde se formalizaron los cargos.
Los acusados, identificados como J.O. y Yamil Alexander G., fueron señalados por los delitos de amenazas coactivas e intimidación pública en concurso ideal. La investigación también alcanza a un tercer joven de 15 años, sobre quien la causa continúa en etapa de avance.
Las amenazas habrían derivado en la activación de protocolos de seguridad y en la intervención de fuerzas policiales y equipos de emergencia, lo que refuerza la gravedad que el Ministerio Público de la Acusación otorga a este tipo de hechos.
Protocolo provincial ante falsas amenazas
En paralelo a esta causa, el Gobierno de la provincia de Santa Fe puso en marcha un nuevo protocolo de recupero y resarcimiento de gastos por operativos derivados de amenazas que resultan ser falsas. La medida fue explicada este miércoles por Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad.
El protocolo surge tras un alarmante incremento de denuncias. Solo este martes se registraron 78 casos en la provincia, de los cuales 22 corresponden al departamento Rosario. Cada operativo implica movilizar recursos humanos y logísticos, con evacuaciones y cortes de tránsito, lo que demanda una inversión millonaria del Estado.
Según las estimaciones oficiales, un operativo promedio cuesta entre 6 y 7 millones de pesos, monto que varía según la magnitud del despliegue, el movimiento vehicular de la zona y la cantidad de personas que deban ser evacuadas. Con el nuevo esquema, la Provincia buscará que quienes resulten responsables afronten esos costos.
El procedimiento elaborado por el Gobierno santafesino contempla siete instancias para reclamar el pago a los imputados por intimidación pública u otros hechos similares. Como primer paso, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) debe identificar a los presuntos autores, sus partícipes y los adultos responsables en cada causa penal.
Una vez que la Provincia obtiene los domicilios y contactos telefónicos de las personas investigadas, la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad se encarga de calcular los costos operativos. Luego se inician las acciones administrativas para exigir el resarcimiento económico correspondiente.
Con este esquema, el objetivo oficial es desalentar las falsas amenazas que afectan a escuelas y edificios públicos, y al mismo tiempo garantizar que los recursos del Estado no se destinen a operativos injustificados sin que haya consecuencias económicas para los responsables.
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