La diputada nacional Mónica Frade pidió que la Justicia ponga la lupa sobre una serie de créditos millonarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados al presidente Javier Milei, ante la sospecha de posibles irregularidades.
Mónica Frade, integrante de la Cámara de Diputados de la Nación, presentó un planteo para que el Poder Judicial investigue si en la concesión de estos préstamos existieron maniobras que puedan encuadrarse en delitos como tráfico de influencias o administración fraudulenta.
El eje del reclamo apunta a determinar si algunos funcionarios y legisladores cercanos a Javier Milei recibieron condiciones de financiamiento más favorables que las disponibles para el resto de los clientes del Banco Nación, una entidad financiera clave del sector público.
La diputada pide que se analicen en detalle los montos de los créditos, los plazos de devolución, las tasas de interés y las garantías exigidas, con el objetivo de establecer si hubo un eventual uso discrecional de fondos públicos en beneficio de un grupo reducido de personas con influencia política.
El planteo judicial también busca que se precise qué área del Banco Nación intervino en la aprobación de estos préstamos y bajo qué normativa interna se cursaron las operaciones. La intención es reconstruir el circuito de decisión dentro de la entidad y detectar eventuales responsabilidades.
Qué delitos podrían investigar
Entre las figuras penales mencionadas por Frade aparece el tráfico de influencias, que se configura cuando un funcionario o un particular con capacidad de presión utiliza su posición para obtener un beneficio económico o financiero indebido para sí o para terceros.
La otra calificación posible es la de administración fraudulenta, que se aplica cuando quien tiene a su cargo el manejo de bienes ajenos, en este caso recursos públicos canalizados a través del Banco Nación, los administra en forma desleal provocando un perjuicio al patrimonio administrado.
La presentación de Frade se inscribe en un clima de fuerte discusión sobre el rol de la banca pública y el uso de los recursos estatales en el marco de la gestión de Javier Milei, que llegó al gobierno con la promesa de ajustar el gasto y revisar prácticas históricas de la política argentina.
Ahora será la Justicia la que deberá definir si abre una causa formal, solicita documentación al Banco Nación y convoca a testigos y funcionarios para reconstruir cómo se otorgaron los créditos y si hubo o no una violación de los deberes de funcionario público.
De avanzar la pesquisa, el expediente podría derivar en citaciones a quienes aprobaron las operaciones y a los beneficiarios de los préstamos, con el foco puesto en determinar si las decisiones respetaron la normativa vigente o si se trató de un esquema de favoritismo político.
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