La Justicia provincial sumó nuevas imputaciones contra Francisco “Fran” Riquelme por hechos vinculados a la violencia narco en los barrios Ludueña y Empalme Graneros, en Rosario, a partir de escuchas que lo ubican como presunto instigador de ataques armados mientras ya estaba detenido.
Escuchas desde la cárcel y una balacera que marcó el 2022
En una audiencia realizada este viernes, la Fiscalía exhibió audios atribuidos a Riquelme en los que, según la acusación, ordena atacar a una joven que atendía un quiosco en barrio Ludueña en pleno 2022, uno de los años más violentos para Rosario. En una de esas grabaciones se escucha la frase: “Ayer mandé a reventar a la gila esa ahí de Ludueña”.
El ataque dejó a la víctima gravemente herida y postrada. De acuerdo con la investigación, el móvil del hecho no fue un robo al comercio sino una venganza directa contra la ex pareja de la joven, quien habría tenido conflictos previos con la organización delictiva que, se sospecha, lideraba Riquelme.
Los disparos contra el quiosco se inscriben en una escalada de violencia que tuvo como escenario central a los barrios Empalme Graneros y Ludueña, dos zonas históricamente golpeadas por la disputa territorial entre bandas que manejan el negocio narco al noroeste de Rosario.
Un jefe narco que sigue sumando causas desde el encierro
Mientras se desarrolla el juicio por otros hechos, la Fiscalía continúa acumulando cargos contra Riquelme. Las nuevas imputaciones refuerzan la hipótesis de que, aun tras las rejas, el acusado habría mantenido capacidad de mando sobre parte de la estructura criminal que opera en la zona noroeste.
Los fiscales sostienen que las comunicaciones obtenidas muestran un esquema en el que Riquelme daba órdenes precisas desde la cárcel y distintos ejecutores en territorio las cumplían, ya sea mediante balaceras, amenazas o ataques contra personas vinculadas a bandas rivales.
En esa línea, la acusación enfatiza que estas maniobras se habrían realizado con una lógica de disciplinamiento y represalia, dirigida no solo a quienes disputaban el mercado de drogas sino también a familiares o parejas de esos objetivos, como ocurrió en el caso de la joven de Ludueña.
Con las nuevas evidencias, la situación procesal de Riquelme se agrava y abre la puerta a penas más severas en caso de una condena. El caso vuelve a poner bajo la lupa la capacidad del Estado para cortar el flujo de órdenes delictivas que salen de las cárceles y se traducen en balaceras y crímenes en las calles de Rosario.
La investigación sigue en curso y los fiscales no descartan nuevas presentaciones en los próximos meses, en un contexto de fuerte presión social y política para frenar la violencia narco que tiene en vilo a los barrios del noroeste rosarino.
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