El gobierno de La Rioja volvió a expresar su voluntad de cumplir con los compromisos asumidos con los bonistas internacionales, al mismo tiempo que responsabilizó a la Nación por los recortes de fondos que, según la provincia, complican el normal desenvolvimiento financiero.
En una conferencia de prensa realizada en la capital provincial, la administración de Ricardo Quintela buscó llevar tranquilidad a los mercados y a los acreedores externos, en medio del litigio judicial que enfrenta en Estados Unidos por la deuda emitida por La Rioja.
Las autoridades provinciales reiteraron que la intención es honrar íntegramente las obligaciones, al tiempo que cuestionaron la política de recortes de la administración nacional, a la que señalan por agravar las tensiones financieras de los distritos del interior.
Voluntad de pago y cuestionamientos a la Nación
Durante la exposición, el gobierno riojano subrayó que mantiene abiertos los canales de diálogo con los tenedores de títulos, y que la estrategia oficial es sostener una posición de cumplimiento responsable de la deuda, pese al recorte de transferencias que atribuyen al Poder Ejecutivo nacional.
En ese marco, funcionarios del gabinete provincial remarcaron que los reclamos de La Rioja no persiguen desconocer las obligaciones financieras, sino advertir sobre el impacto que los ajustes de la Nación tienen sobre la capacidad de gestión y sobre la prestación de servicios esenciales en la provincia.
Sin embargos al Banco de La Rioja ni al Parque Eólico Arauco
Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la aclaración respecto de la situación del Banco de La Rioja y del Parque Eólico Arauco, dos activos estratégicos para la economía provincial. Las autoridades descartaron que existieran embargos sobre estas entidades en el marco del litigio en Estados Unidos.
Desde el gobierno señalaron que tanto la entidad financiera provincial como el emprendimiento energético continúan funcionando con normalidad y que no forman parte de medidas cautelares que pudieran afectar su operatoria cotidiana.
En paralelo, insistieron en que el conflicto con los bonistas se enmarca en una discusión más amplia sobre el esquema de financiamiento de las provincias y la necesidad de contar con un marco federal más equilibrado, que les permita afrontar sus deudas sin resignar inversión pública ni políticas sociales.
Mientras se aguarda la evolución del proceso judicial en Estados Unidos, La Rioja busca mostrar un mensaje de previsibilidad hacia los acreedores y, al mismo tiempo, presionar por una revisión de los recortes nacionales, que considera incompatibles con el sostenimiento de sus compromisos financieros.
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