El Parlamento Europeo aprobó un nuevo reglamento de retornos que habilita la creación de centros de deportación en países externos a la Unión Europea, pese al fuerte rechazo de gran parte del arco proeuropeo y de organizaciones de derechos humanos.
La votación de este jueves en la Eurocámara resolvió el último obstáculo político para el reglamento de retornos, que incluye una versión endurecida de los mecanismos para expulsar migrantes y solicita establecer centros de deportación en terceros países. La norma se aprobó gracias a los votos de los grupos conservadores y de derecha.
Enfrente se ubicaron las fuerzas consideradas proeuropeas: socialistas, liberales y verdes, además del grupo de La Izquierda. Estos bloques reclamaban reabrir la negociación porque el texto supuestamente vulnera derechos reconocidos tanto por el derecho comunitario como por los tratados internacionales.
Choque político en el Parlamento Europeo
Los grupos conservadores defendieron que el nuevo reglamento busca dotar de más herramientas a los Estados miembros para gestionar retornos y combatir las redes de tráfico de personas. Argumentaron que, sin un sistema más estricto, la política migratoria común de la Unión Europea queda desbordada y sin capacidad de respuesta.
En cambio, socialistas, liberales, verdes y diputados de extrema izquierda calificaron el texto como un retroceso en materia de garantías para quienes solicitan protección internacional. Cuestionan especialmente que los centros de deportación se instalen en países que no forman parte de la UE y donde, según advierten, no siempre se respetan los estándares europeos en materia de derechos humanos.
Las críticas apuntan a que la externalización de los procesos de expulsión y de examen de los casos podría dificultar la supervisión judicial y el acceso efectivo al asilo. También señalan que, al endurecer los retornos, se corre el riesgo de normalizar detenciones prolongadas y condiciones opacas para las personas migrantes y refugiadas.
Advertencias de ONG y del Consejo de Europa
Organizaciones no gubernamentales especializadas en migración y refugio ya habían alertado sobre el impacto del nuevo reglamento. Distintos colectivos señalaron que la propuesta endurecida puede chocar con el principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un país donde corra peligro su integridad física o su libertad.
En la misma línea, el Consejo de Europa advirtió que la creación de centros de deportación en terceros países podría derivar en vulneraciones sistemáticas de derechos básicos, como el acceso a asistencia letrada, la revisión independiente de las decisiones administrativas y la protección frente a tratos inhumanos o degradantes.
Los críticos reclaman mecanismos más claros para evaluar la seguridad de los países donde se podrían instalar estos centros y para garantizar una supervisión efectiva de lo que ocurra dentro de ellos. También insisten en que la política migratoria de la UE debería priorizar vías legales y seguras de ingreso en lugar de profundizar la lógica de contención y expulsión.
Con la ratificación en el Parlamento Europeo, el reglamento de retornos queda prácticamente encaminado, mientras continúan las discusiones sobre su implementación concreta y el impacto que tendrá sobre miles de personas que buscan llegar al territorio europeo huyendo de conflictos, crisis económicas y persecuciones en sus países de origen.
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