La adhesión de Santa Fe a la ley antimafia nacional marca un punto de quiebre en la política criminal de la provincia: el foco deja de estar solo en los tiradores o vendedores de calle y apunta a desarmar la estructura completa de las bandas.
Con la adhesión a la ley antimafia, Santa Fe busca pasar de un esquema de persecución centrado en los eslabones más débiles de las organizaciones criminales a uno que permita investigar y golpear a toda la cadena de mando. La normativa toma como referencia el régimen federal, que habilita a la Justicia a avanzar sobre jefes, financistas y testaferros.
Hasta ahora, el modelo predominante se enfocaba en los ejecutores: quienes tiran de un arma, venden en un búnker o cumplen tareas menores para las bandas. La nueva herramienta apunta a seguir el dinero, los bienes y las conexiones que sostienen a esas estructuras criminales que operan en Rosario y en otras ciudades santafesinas.
El objetivo de la adhesión es que fiscales y jueces cuenten con instrumentos procesales más robustos para investigar asociaciones ilícitas, lavado de activos y entramados económicos que permiten que las organizaciones se reciclen aun cuando parte de sus miembros termina detenida.
De los búnkers al poder económico detrás de las bandas
En los últimos años, las políticas de seguridad en Santa Fe se concentraron en derribar búnkers y detener a tiradores, una estrategia que mostró límites evidentes. Cada espacio clausurado era rápidamente reemplazado y los roles dentro de las bandas se cubrían con nuevos reclutas.
La ley antimafia propone ir un paso más allá: identificar y desarticular las estructuras de mando, localizar a quienes financian las operaciones ilegales, administran los bienes y lavan las ganancias mediante comercios, propiedades y vehículos registrados a nombre de terceros.
De esta manera, las investigaciones ya no se agotarían en el autor material de un ataque o en quien atiende una boca de expendio, sino que buscarán reconstruir la red completa de relaciones que sostienen la actividad criminal, dentro y fuera de las cárceles.
Qué puede cambiar en la justicia santafesina
La adhesión a la normativa nacional abre la puerta a investigaciones más complejas, con uso de cruces de información financiera, análisis patrimonial y trabajo coordinado entre fiscalías provinciales y federales. También fortalece la posibilidad de impulsar causas por asociación ilícita y otros delitos vinculados a la lógica mafiosa.
En paralelo, el cambio exige una adaptación del sistema de justicia santafesino, que deberá profundizar sus capacidades en materia de crimen organizado: desde unidades especializadas hasta equipos interdisciplinarios capaces de seguir la ruta del dinero y detectar maniobras de ocultamiento de bienes.
En una provincia atravesada por altos niveles de violencia vinculada al narcomenudeo, el desafío será que la ley antimafia no quede solo en el plano declarativo, sino que se traduzca en investigaciones sostenidas y sentencias que apunten al corazón económico de las organizaciones que operan en Santa Fe.
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