La discusión por la presencia de cuidacoches en las calles santafesinas vuelve a la escena política, esta vez con intendentes que reclaman una respuesta más dura a nivel provincial.
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se sumó al reclamo que ya venía impulsando su par rosarino, Pablo Javkin, y pidió que la Legislatura apruebe una ley provincial “antitrapitos”. Según advirtió, las ordenanzas municipales vigentes no alcanzan para erradicar la figura del cuidacoches en la vía pública.
Poletti planteó que la actividad sea considerada una conducta delictiva cuando implique pedido de dinero, intimidación o condicionamiento para estacionar en la calle. De esa manera, la policía y la Justicia provincial podrían intervenir con mayores herramientas que las actuales faltas locales.
En la capital provincial rigen normas que permiten labrar actas, decomisar elementos e incluso impedir que los trapitos permanezcan en determinados sectores. Sin embargo, el intendente remarcó que muchas veces vuelven a los mismos lugares y que el municipio queda sin margen de acción.
Proyectos en la Legislatura y debate sobre el espacio público
En la Legislatura santafesina ya circulan varios proyectos para regular o prohibir a los cuidacoches. Algunas iniciativas proponen crear una figura contravencional específica, mientras que otras avanzan hacia la tipificación penal, en línea con lo que reclaman Poletti y Javkin.
El eje del debate pasa por cómo se ordena el uso del espacio público y se protege a los automovilistas sin dejar de lado la situación social de quienes viven de esta actividad. En los últimos años, las principales ciudades de la provincia registraron quejas reiteradas de vecinos por cobros abusivos, amenazas y daños a vehículos.
En paralelo, especialistas en derecho y organizaciones sociales advierten sobre el riesgo de “criminalizar la pobreza”. Plantean que una ley demasiado punitivista podría derivar en detenciones masivas sin resolver los problemas de fondo vinculados al desempleo y la informalidad.
El gobierno provincial, por su parte, viene reforzando controles de seguridad en zonas conflictivas y, de manera simultánea, impulsando programas laborales para sectores vulnerables. El desafío será encontrar un equilibrio entre la necesidad de mayor seguridad y orden urbano y la obligación del Estado de ofrecer alternativas de inclusión.
Mientras la discusión avanza en la arena legislativa, los intendentes de las principales ciudades santafesinas buscan unificar postura para que la nueva norma contemple las realidades de cada localidad, pero con un marco provincial claro que respalde los operativos en la calle.
Qué podría cambiar con una ley provincial
Entre los puntos que se analizan para una eventual ley “antitrapitos” aparecen:
- Definir la figura del cuidacoches y cuándo su conducta configura delito.
- Habilitar a la policía provincial a intervenir de oficio ante denuncias.
- Prever sanciones económicas y penales graduadas según la gravedad del hecho.
- Establecer programas de reconversión laboral para quienes abandonen la actividad.
El resultado final dependerá de los consensos que se logren en Diputados y Senadores, en un contexto donde la demanda ciudadana por mayor control convive con la preocupación por no agravar la exclusión social.
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