Tras la detención de Alexis “Chami” Mendoza, una de las caras visibles de Los Menores, el Gobierno de Santa Fe sostiene que la estructura de la banda narco atraviesa un momento de fuerte desgaste, aunque advierte que la disputa por el territorio sigue abierta.
El subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Marcelo Albornoz aseguró que la banda narco conocida como Los Menores “está bastante debilitada” después de los últimos operativos realizados en Rosario y la región. La declaración llega tras la detención de Alexis “Chami” Mendoza, concretada el último fin de semana.
Según fuentes oficiales, Mendoza era uno de los referentes de la organización, investigada por múltiples hechos violentos vinculados al narcomenudeo y a disputas territoriales en distintos barrios del Gran Rosario. Su caída se suma a otras detenciones que, de acuerdo al Ministerio, erosionaron la capacidad de mando del grupo criminal.
Albornoz señaló que el trabajo articulado entre fuerzas provinciales y federales permitió avanzar sobre la estructura operativa de Los Menores, con allanamientos, secuestro de armas, vehículos y material de interés para las causas penales en curso. “No hablamos de un desmantelamiento total, pero sí de una merma importante en su poder de acción”, remarcan en Seguridad.
Operativos, causas abiertas y disputa por el territorio
Los Menores surgieron como una de las bandas que buscaron ocupar espacios dejados por otras organizaciones históricas del narco rosarino. Con base en barrios populares y el uso de jóvenes como eslabón visible, el grupo se hizo conocido por balaceras, amenazas y extorsiones, prácticas que hoy son objeto de investigación judicial.
De acuerdo a fuentes del Ministerio de Seguridad, la detención de Mendoza se inscribe en una estrategia de desarticulación progresiva, que apunta tanto a los jefes como a los cuadros medios encargados de manejar bunkers y recaudar dinero de las redes de venta de drogas.
Sin embargo, especialistas en criminalidad compleja advierten que cada golpe a una organización puede derivar en reacomodamientos violentos, con bandas emergentes que buscan ocupar el territorio y las rentas ilegales. Por eso, en la provincia insisten en sostener los operativos y reforzar la presencia policial y de fuerzas federales en las zonas más conflictivas.
Investigación criminal y coordinación con la Justicia
Albornoz subrayó que los avances en la causa son resultado de un trabajo investigativo que incluye intervenciones telefónicas, análisis de movimientos económicos y seguimiento territorial. Todo se articula con fiscales especializados en delitos complejos, que impulsan medidas para llevar a juicio a los integrantes de la banda.
Desde el gobierno provincial remarcan que la meta es sostener en el tiempo esta política de persecución penal, para evitar que la caída de un líder derive en su reemplazo inmediato por otro referente del mismo grupo. “Debilitar la logística, las finanzas y las redes de complicidades es tan importante como detener a los jefes visibles”, señalan.
En paralelo, organizaciones sociales y especialistas en juventud insisten en la necesidad de políticas preventivas que ofrezcan alternativas a los chicos y chicas que, por falta de oportunidades, terminan siendo reclutados por estas bandas. El desafío combina seguridad, justicia y contención social en los barrios más golpeados por la violencia.
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