La Cámara de Diputados se prepara para escuchar a especialistas, organizaciones y empresas en un debate clave sobre el futuro de la protección de los glaciares y el ambiente de alta montaña en la Argentina.
Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados convocaron a audiencias públicas para debatir el proyecto que modifica la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares. Las exposiciones están previstas para los días 25 y 26 de marzo en el Congreso nacional.
El objetivo de las audiencias es reunir opiniones técnicas, académicas, sociales y empresarias sobre el alcance de la norma que regula la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, considerado una reserva estratégica de agua dulce y un ecosistema clave frente al avance del cambio climático.
Desde su sanción en 2010, la Ley de Glaciares estableció restricciones para actividades como la minería y el petróleo en zonas donde existan cuerpos de hielo o áreas periglaciales. La iniciativa de reforma, impulsada por sectores vinculados a la actividad extractiva y algunos gobiernos provinciales de la cordillera, busca introducir cambios en la definición y el alcance de esas áreas protegidas.
Qué se discute en la reforma
Si bien el texto final del proyecto aún se discute, los puntos en debate giran en torno a:
- La delimitación del ambiente periglacial y su cartografía oficial
- Las condiciones para habilitar o restringir emprendimientos mineros y de hidrocarburos.
- El rol de las provincias en la administración de los recursos naturales frente a la legislación nacional.
- Los estándares de control ambiental y monitoreo de impacto en zonas de alta montaña.
Organizaciones ambientales y científicos advierten que una flexibilización de la ley podría habilitar proyectos sobre áreas sensibles que hoy se encuentran protegidas. Del otro lado, representantes de la industria minera y algunos gobiernos provinciales sostienen que la norma vigente es demasiado restrictiva y frena inversiones en regiones cordilleranas.
En ese contexto, las audiencias públicas se perfilan como un espacio central para exponer evidencia científica, antecedentes jurídicos y el impacto económico y social de las distintas alternativas de regulación, antes de que el dictamen llegue al recinto.
Participación ciudadana y antecedentes
La Ley 26.639 fue sancionada luego de una intensa discusión pública y de fuertes campañas de organizaciones socioambientales, que colocaron en agenda la importancia de los glaciares como reservorios de agua para cuencas que abastecen a ciudades, actividades productivas y sistemas ecológicos de todo el país.
En esta nueva etapa, se espera la presencia de especialistas en derecho ambiental, investigadores de universidades nacionales, organismos técnicos del Estado, comunidades de zonas cordilleranas y empresas vinculadas a la minería y la energía. La participación ciudadana es considerada clave para legitimar cualquier cambio que se introduzca en la normativa.
Tras las audiencias del 25 y 26 de marzo, las comisiones deberán elaborar un dictamen que podría llegar al recinto en las próximas semanas. El resultado del debate definirá el grado de protección que tendrá, en los próximos años, uno de los sistemas naturales más sensibles frente al calentamiento global.
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