Argentina mejoró su posición en un reconocido índice internacional de libertad económica y se ubicó en el grupo de países considerados “moderadamente libres”, un cambio que el Gobierno presenta como señal de respaldo a su agenda de reformas.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la mejora de la Argentina en el ranking global de libertad económica, elaborado cada año por influyentes centros de estudio internacionales. El índice combina variables como el tamaño del Estado, la presión impositiva, la inflación, la seguridad jurídica y la apertura comercial.
Según estos reportes, el país dejó atrás el pelotón de economías catalogadas como “reprimidas” o “mayormente no libres” y pasó a integrar el segmento de naciones “moderadamente libres”. Esta franja, donde se concentran buena parte de las economías emergentes, supone un entorno más favorable para la inversión y los negocios en comparación con años anteriores.
¿Qué mide el ranking y por qué importa?
Los índices de libertad económica analizan, entre otros factores, el respeto a los derechos de propiedad, la estabilidad de la moneda, la facilidad para abrir y cerrar empresas, la carga regulatoria y la apertura al comercio exterior. Cuanto mayor es el grado de libertad, más previsibles suelen ser las reglas para el sector privado.
En el caso argentino, los especialistas señalan que la mejora se vincula con cambios recientes en el frente regulatorio, la reducción de algunas trabas para importar y exportar y señales de disciplina fiscal. Sin embargo, advierten que la inflación todavía elevada y la inestabilidad política siguen siendo desafíos centrales.
Los países que lideran tradicionalmente estos rankings son economías como Singapur, Suiza o Irlanda, que combinan baja presión impositiva, marcos regulatorios simples y fuerte seguridad jurídica. Argentina todavía se ubica lejos de esos estándares, aunque los analistas valoran el movimiento en la dirección de mayor apertura.
El mensaje político del Gobierno
Sturzenegger celebró el resultado como un respaldo a la estrategia oficial de desregulación y achique del Estado. Desde su cartera sostienen que la mejora en estos indicadores puede ampliar el acceso al financiamiento y favorecer la llegada de inversiones, en especial en sectores como energía, agroindustria y economía del conocimiento.
Para la administración nacional, avanzar posiciones en el ranking refuerza el relato de que el país transita un giro hacia reglas de juego más previsibles. No obstante, economistas consultados advierten que el impacto real sobre la actividad dependerá de la continuidad de las reformas y de la capacidad del Gobierno para reducir la volatilidad macroeconómica.
También remarcan que el índice no sólo mira leyes escritas, sino su aplicación efectiva. En este sentido, la seguridad jurídica, la independencia de la Justicia y la institucionalidad siguen bajo la lupa de inversores y organismos internacionales.
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