La Justicia provincial imputó a cuatro personas acusadas de integrar una banda dedicada a realizar balaceras contra un Carrefour y otros blancos, en una seguidilla de ataques que buscaban sembrar miedo en la población.
De acuerdo a la investigación, los cuatro sospechosos habrían participado de una serie de ataques armados contra un Carrefour y otros objetivos, repitiendo un patrón de intimidación que en los últimos años se volvió tristemente habitual en Rosario y otras ciudades de Santa Fe.
La Fiscalía sostiene que los acusados actuaban como ejecutores de amenazas vinculadas a organizaciones criminales que operan desde barrios periféricos y, en muchos casos, con órdenes que se originan en establecimientos penitenciarios. El objetivo principal, remarcan, era atemorizar a comerciantes y vecinos para reforzar el poder de estas bandas.
En la audiencia imputativa se describió una seguidilla de hechos en los que se repiten rasgos como el empleo de motos, el uso de armas de fuego de distinto calibre y la fuga inmediata tras los disparos. En algunos casos, los atacantes habrían dejado mensajes escritos con amenazas directas.
Prisión preventiva para tres de los acusados
Tras la exposición de pruebas, el juez interviniente resolvió dictar prisión preventiva efectiva para tres de los imputados, mientras que el cuarto quedó sometido al proceso bajo medidas alternativas, aunque con fuertes restricciones. La decisión se apoyó en el riesgo de fuga y en la posibilidad de entorpecer la investigación.
Entre los elementos presentados se destacan intervenciones telefónicas, registros de cámaras de seguridad, testimonios de testigos y peritajes balísticos que vinculan los ataques entre sí. Según la acusación, existe un vínculo claro entre los disparos contra el Carrefour y otros hechos cometidos en pocas jornadas, configurando unas acciones concatenadas y planificadas.
Los fiscales remarcaron que las balaceras contra comercios no solo buscan extorsionar a los propietarios, sino también enviar mensajes mafiosos hacia la comunidad y el Estado. En ese marco, pidieron una señal fuerte de la Justicia para desactivar la capacidad operativa de los grupos involucrados.
Violencia, extorsiones y respuesta del Estado
Las balaceras al Carrefour y a negocios de barrio se enmarcan en un fenómeno más amplio de violencia urbana ligada al narcotráfico y las extorsiones que viene golpeando a Rosario y localidades del Gran Rosario. Comerciantes de distintos rubros han denunciado en reiteradas oportunidades la recepción de llamados y mensajes intimidatorios.
Ante este escenario, el Ministerio Público de la Acusación y el gobierno provincial insisten en la necesidad de articular investigaciones complejas que permitan identificar a los instigadores, muchos de ellos detenidos, y seguir la ruta del dinero que sostiene estas maniobras. También se reforzaron operativos policiales en zonas críticas y el monitoreo a través de cámaras de videovigilancia.
Organizaciones sociales y vecinales, por su parte, reclaman políticas integrales que combinen una presencia sostenida del Estado con programas de inclusión para jóvenes, mejora del espacio público y apoyo a los comercios afectados por la violencia.
Mientras avanza la causa, la expectativa de los vecinos es que este tipo de imputaciones se traduzca en condenas firmes y en una reducción real de las balaceras, que se convirtieron en uno de los principales indicadores de la crisis de seguridad que atraviesa Santa Fe.
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