Organizaciones de Rosario vuelven a las calles para reclamar que se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad y evitar el cierre de servicios esenciales para miles de personas.
Prestadores, profesionales, familias y personas con discapacidad volverán a movilizarse este jueves a la mañana en pleno centro rosarino. La concentración será desde las 10.30 en la plaza 25 de Mayo, en Buenos Aires y Córdoba, frente a la Municipalidad, para exigir la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La convocatoria es impulsada por instituciones nucleadas en la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) y la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes). Desde ambos espacios advierten que el panorama es crítico y que la demora en la aplicación de la norma “ya no admite espera”.
Servicios interrumpidos y una cadena de pagos rota
Las organizaciones detallan que el incumplimiento de la ley se traduce en cierres de instituciones, caída de servicios de transporte especializado e interrupción de tratamientos terapéuticos que sostienen la vida cotidiana de miles de personas con discapacidad en la provincia de Santa Fe.
Desde Atraes remarcaron que las prestaciones correspondientes a octubre de 2025 aún no fueron abonadas y que el nomenclador vigente no respeta lo establecido por la normativa. Esa combinación, advierten, deja al sistema al borde del colapso y empuja a muchas familias a endeudarse para sostener traslados y tratamientos.
Según estimaciones de las entidades, más del 50% de los servicios hoy no se están brindando. Esto implica que numerosas personas con discapacidad se quedan sin apoyos básicos, lo que profundiza situaciones de aislamiento, retrocesos en los tratamientos y vulneración de derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“La cadena de pagos está rota”, sintetizaron desde el colectivo organizador, y advirtieron que la crisis “no es abstracta”: golpea de lleno en la calidad de vida, la autonomía y la salud emocional de quienes dependen de estos dispositivos, además de impactar en los profesionales que trabajan sin cobrar y en instituciones que ya evalúan cerrar de manera definitiva.
Un reclamo al Estado y una asamblea abierta
Desde Apridis fueron contundentes al señalar que el Estado debe garantizar la continuidad de las prestaciones y el cumplimiento integral de la ley. “La discapacidad es una causa de todos, no mires para otro lado”, plantearon al llamar a sumar adhesiones más allá de los actores directamente afectados.
En paralelo, las organizaciones convocaron a una asamblea abierta durante la movilización, con el objetivo de definir colectivamente los próximos pasos del plan de lucha y ampliar el reclamo a toda la comunidad rosarina y santafesina.
Entre las demandas centrales figuran:
- Pago inmediato de las prestaciones adeudadas.
- Actualización del nomenclador según lo establecido por ley.
- Garantía de continuidad de los servicios de transporte especializado.
- Protección de las instituciones y equipos profesionales que sostienen los tratamientos.
Las entidades remarcan que el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad es clave para evitar un retroceso en materia de derechos y recuerdan que Argentina asumió compromisos internacionales para asegurar la inclusión y la participación plena de las personas con discapacidad en la vida social.
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