Una jueza de familia de Rosario dispuso un mecanismo inédito para garantizar el pago de la cuota alimentaria: ordenó que se cobre a través de la boleta de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), tras años de maniobras evasivas por parte del padre demandado.
Una resolución sin precedentes en la provincia
La medida fue tomada por una jueza de familia de Rosario luego de más de dos años de intentos frustrados para lograr que el progenitor cumpliera con la cuota alimentaria fijada por la Justicia. Según fuentes judiciales, se trata de la primera decisión de este tipo en Santa Fe, y busca priorizar de manera efectiva el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir alimentos.
En el expediente se habían aplicado previamente distintas sanciones: prohibición de salida del país, embargo de cuentas bancarias y suspensión de la licencia de conducir. Sin embargo, ninguna de estas herramientas logró modificar la conducta del padre, que mantenía una deuda acumulada y seguía sin pagar en tiempo y forma.
Frente a ese escenario, el juzgado optó por un camino innovador: vincular el pago de la cuota alimentaria a un servicio esencial como la energía eléctrica, administrado por la EPE, que tiene amplia cobertura en Rosario y la región.
Cómo funcionará el cobro a través de la EPE
De acuerdo con la resolución, el monto de la cuota alimentaria se incorporará como un concepto adicional en la factura de luz del demandado. La EPE recaudará ese importe junto con el consumo del servicio y luego deberá transferirlo a la cuenta indicada por el juzgado, a nombre de la persona a cargo de los hijos.
Si el usuario no paga la factura en término, se aplicarán los mismos intereses y sanciones que rigen para cualquier deuda por energía eléctrica. De este modo, se busca reforzar el incentivo de pago y reducir las posibilidades de eludir la obligación alimentaria.
La decisión judicial se apoya en el principio de que la cuota alimentaria es una obligación prioritaria y que el Estado debe arbitrar todos los medios disponibles para asegurarla. En Argentina, los tribunales de familia cuentan con amplias facultades para disponer medidas creativas cuando se detecta una actitud sistemática de incumplimiento.
Impacto para otras causas y debate jurídico
Especialistas en derecho de familia consultados por este medio señalan que el fallo podría abrir un precedente para otros casos en Rosario y en distintas ciudades de Santa Fe, especialmente cuando los deudores no tienen ingresos formales registrados, pero sí son titulares de servicios públicos.
Entre los puntos a debatir se encuentran el rol de las empresas públicas y privadas como agentes de retención en causas de alimentos, y la necesidad de coordinar estos mecanismos con los registros de deudores alimentarios morosos que varias provincias, incluida Santa Fe, ya poseen.
Organizaciones que trabajan en temas de infancia y género vienen reclamando desde hace años herramientas más efectivas para combatir el incumplimiento alimentario, una situación que afecta sobre todo a mujeres que crían solas y que se ve agravada por el contexto económico.
En ese marco, el fallo de la jueza rosarina se lee como una señal clara: los tribunales están dispuestos a utilizar todos los recursos legales disponibles para garantizar que los hijos e hijas reciban lo que les corresponde por ley.
Qué pueden hacer quienes no reciben la cuota alimentaria
Abogadas de familia recomiendan a las personas que no perciben la cuota alimentaria acudir al fuero de familia con la mayor cantidad de documentación posible: partidas de nacimiento, recibos de sueldo del obligado si los hubiera, comprobantes de gastos escolares y de salud, entre otros.
En muchos casos, además de fijar o actualizar el monto de la cuota, los juzgados pueden ordenar medidas adicionales como retención de haberes, inhibiciones, inscripción en registros de morosos o restricciones para operar con ciertos servicios financieros, según la legislación vigente.
Si bien cada caso se analiza de manera particular, la experiencia reciente en Rosario muestra que la Justicia está comenzando a explorar vías alternativas para que el incumplimiento no quede impune y para que los derechos de niños, niñas y adolescentes sean efectivamente respetados.
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