La Cámara alta aprobó la reforma del Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y los senadores de Santa Fe tuvieron posiciones divididas.
Qué se votó en el Senado y qué cambia
El Senado de la Nación convirtió en ley la reforma del Régimen Penal Juvenil, que establece que los menores podrán ser penalmente responsables a partir de los 14 años. Hasta ahora, la edad mínima de imputabilidad se fijaba en los 16.
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno nacional con el argumento de actualizar una legislación considerada obsoleta y dar respuesta al aumento de delitos cometidos por adolescentes. Organismos de derechos humanos y especialistas, en cambio, advirtieron sobre el riesgo de criminalizar aún más la pobreza juvenil y reclamaron fortalecer las políticas de prevención.
El nuevo esquema prevé un régimen especial para jóvenes de entre 14 y 18 años, con escalas penales diferenciadas, posibilidad de medidas socioeducativas y un mayor protagonismo de los juzgados de niñez y adolescencia en el seguimiento de los casos.
Cómo se alinearon los senadores por Santa Fe
La bancada santafesina en la Cámara alta se partió al momento de la votación. De los tres representantes de la provincia, dos acompañaron el proyecto oficial y uno lo rechazó, en línea con la postura crítica de parte de la oposición.
Quienes apoyaron la reforma argumentaron que la baja de la edad de imputabilidad debe ir acompañada de un sistema más ágil y especializado para intervenir cuando adolescentes participan en delitos graves, especialmente en contextos urbanos atravesados por la violencia narco, como Rosario y otras ciudades santafesinas.
El voto en contra se sostuvo en que la normativa no resuelve las causas estructurales del delito joven, como la exclusión educativa, el desempleo y la falta de políticas de contención, y que la respuesta no puede centrarse solo en endurecer el sistema penal.
Impacto y debate en Santa Fe
Santa Fe es una de las provincias más afectadas por la violencia urbana y los delitos vinculados al narcotráfico, escenario en el que muchos hechos tienen participación de menores de edad. Por eso, la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil tiene un fuerte arraigo local.
Fuentes judiciales advierten que la sola baja de la edad de imputabilidad no alcanzará si no se refuerzan los equipos interdisciplinarios, los dispositivos de alojamiento para jóvenes y los programas de reinserción escolar y laboral. De lo contrario, temen que la ley quede en letra muerta o agrave el hacinamiento en el sistema penal.
Organizaciones sociales y referentes de derechos humanos de la provincia también pidieron que se garantice un fuerte control sobre las fuerzas de seguridad y se evite el uso de la nueva ley para justificar prácticas represivas o detenciones arbitrarias de adolescentes en barrios populares.
En paralelo, sectores que respaldan la reforma remarcan que se trata de una herramienta necesaria frente a delitos graves donde participan menores, como homicidios, robos a mano armada y extorsiones, y plantean que debe articularse con políticas sociales sostenidas en el tiempo.
Con la norma ya aprobada, el foco se traslada ahora a la reglamentación y a cómo cada provincia, incluida Santa Fe, adaptará sus sistemas de justicia juvenil para cumplir con las nuevas disposiciones.
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