El Gobierno nacional, junto a mandatarios provinciales aliados, impulsa en el Senado cambios a la ley de Glaciares que podrían redefinir qué áreas quedan efectivamente protegidas en la cordillera y las zonas de alta montaña.
El proyecto que llegó al Senado busca modificar aspectos clave de la ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares, una norma que desde 2010 regula la protección de glaciares y ambientes periglaciales frente al avance de la minería, el petróleo y otras actividades extractivas.
Uno de los puntos más sensibles de la iniciativa es que otorga mayor potestad a las autoridades provinciales para excluir ciertas geoformas periglaciales del inventario nacional de áreas protegidas. Ese listado es hoy la principal herramienta que determina dónde se pueden desarrollar proyectos económicos y dónde no.
¿Qué cambia con la nueva propuesta?
La ley vigente establece que tanto los glaciares como el ambiente periglacial son bienes de interés público y quedarán intangibles para actividades que puedan dañarlos. El nuevo texto, impulsado por el oficialismo y gobernadores de provincias cordilleranas, introduce criterios técnicos más acotados para definir qué es protegido.
En la práctica, la modificación abriría la puerta a que sean las provincias las que, mediante sus propios estudios e informes, propongan qué zonas periglaciales pueden dejar de considerarse como tales y, por lo tanto, ser habilitadas para emprendimientos productivos.
Fuentes legislativas señalan que la intención oficial es compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico, en especial en áreas con proyectos mineros en carpeta. Sin embargo, organizaciones socioambientales advierten que un cambio de este tipo podría debilitar los resguardos existentes.
El rol de las provincias y la discusión federal
La ofensiva oficial se apoya en el argumento de que los recursos naturales pertenecen originariamente a las provincias, tal como establece la Constitución. En esa línea, los gobernadores reclaman mayor margen de decisión sobre sus territorios de montaña y la posibilidad de habilitar inversiones de gran escala.
Del otro lado, especialistas en derecho ambiental y referentes de asambleas ciudadanas recuerdan que los presupuestos mínimos son competencias de la Nación, justamente para fijar pisos comunes de protección que no puedan ser reducidos por cada jurisdicción en función de intereses coyunturales.
La discusión se da en un contexto de fuerte presión por divisas y dólar, donde el Gobierno apunta a sectores como la minería metalífera y el litio para atraer inversiones. Los críticos sostienen que flexibilizar el alcance de la ley podría incrementar el riesgo sobre fuentes de agua clave para comunidades rurales y ciudades aguas abajo.
¿Qué puede pasar en el Senado?
En el Senado se espera un debate intenso entre bloques oficialistas y opositores, con exposiciones de especialistas, técnicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) y representantes de organizaciones ambientales.
Si la iniciativa consigue dictamen de comisión, el oficialismo deberá reunir acuerdos para avanzar en el recinto, en un escenario parlamentario sin mayoría propia. De aprobarse las modificaciones, el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados, donde el texto original de la ley de Glaciares ya tuvo en su momento una fuerte pulseada política.
Mientras tanto, distintas ONG convocan a jornadas informativas y alertan sobre el impacto potencial de la reforma. Plantean que cualquier cambio a la ley debe priorizar el principio de precaución y la protección de reservas de agua dulce en un contexto de crisis climática y retroceso de glaciares a nivel global.
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