En Rosario crece el debate político y social en torno a la presencia de cuidacoches en las calles, mientras en la Legislatura santafesina y en el Concejo municipal avanzan proyectos que buscan prohibir esta actividad y crear nuevos mecanismos de control.
La discusión sobre los llamados cuidacoches o trapitos volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública de Rosario. En paralelo, el Congreso santafesino y el Concejo municipal acumulan proyectos que apuntan a prohibir o limitar de manera estricta esta actividad en la vía pública, que hoy se mueve en un terreno gris entre la informalidad y la conflictividad urbana.
En la Legislatura provincial, una de las voces más firmes es la de la diputada María Laura Malfesi, quien calificó a los cuidacoches como “vagos” y “violentos” y sostuvo que en la provincia “trabajo hay, pero tienen que buscarlo”. Sus declaraciones reavivaron la polémica al vincular el fenómeno más con una conducta delictiva que con una situación de falta de empleo.
Los proyectos legislativos en análisis contemplan prohibir el cobro por el cuidado de vehículos en la calle sin habilitación formal, fijar sanciones económicas y, en algunos casos, avanzar con figuras contravencionales para quienes persistan en esta práctica, especialmente cuando se verifiquen situaciones de intimidación o amenazas a conductores.
La mirada del Concejo y el rol del Municipio
En el Concejo Municipal de Rosario también se multiplican las iniciativas. El edil Damián Pullaro impulsa un proyecto para que la Intendencia conforme un cuerpo especial destinado a abordar la problemática en el espacio público, con inspectores municipales preparados para actuar junto a las fuerzas de seguridad cuando sea necesario.
La propuesta busca darle al municipio una herramienta específica de control, concentrada en zonas de alta circulación, como el microcentro, áreas comerciales, accesos a espectáculos masivos y alrededores de hospitales. La idea es prevenir episodios de violencia, extorsión o aprietes a automovilistas que denuncian sentirse obligados a pagar por miedo a represalias.
En paralelo, sectores sociales y académicos plantean que el fenómeno de los cuidacoches está ligado a la informalidad laboral, la pobreza urbana y la exclusión, y advierten que una estrategia basada sólo en la prohibición puede agravar la vulnerabilidad de quienes viven de esta actividad, sin ofrecer alternativas concretas de inclusión en el mercado formal.
Debate entre seguridad, empleo e informalidad
De acuerdo con relevamientos municipales previos, la presencia de cuidacoches en Rosario se intensifica en eventos deportivos, recitales y fines de semana, donde vecinos y visitantes denuncian con frecuencia situaciones de hostigamiento, cobros abusivos o daños a vehículos cuando se niegan a pagar.
Quienes se oponen a la prohibición tajante sostienen que el Estado debería priorizar programas de empleo y capacitación, contemplando planes de reconversión laboral para quienes hoy dependen de este ingreso para subsistir. Proponen combinar controles con políticas sociales activas, en lugar de respuestas centradas exclusivamente en lo punitivo.
En cambio, los proyectos más duros enfatizan el costado de seguridad ciudadana. Argumentan que la actividad de cuidacoches se transformó, en muchos puntos de la ciudad, en una puerta de entrada para delitos menores, venta de drogas y manejo informal del espacio público por parte de grupos que disputan territorio.
El debate recién comienza y anticipa un trámite legislativo intenso en las próximas semanas. Mientras tanto, la discusión sobre cómo ordenar el uso del espacio público, garantizar seguridad y generar empleo registrado vuelve a poner a Rosario y a la provincia de Santa Fe frente al desafío de equilibrar control, inclusión y convivencia urbana.
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