Un hombre de 52 años quedó bajo prisión preventiva en Reconquista, acusado de haber amenazado gravemente a una mujer y portar un arma de fuego en un contexto de violencia de género. La medida abre una nueva etapa en la causa y apunta a resguardar a la víctima y a su familia mientras avanza la investigación.
La resolución fue dictada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Norma Senn, quien hizo lugar al pedido del Ministerio Público de la Acusación tras evaluar los elementos reunidos hasta el momento y los riesgos procesales señalados por la fiscal del caso.
El imputado fue detenido en el marco de una causa por amenazas calificadas y portación de arma de fuego, hechos que habrían ocurrido en un contexto de violencia de género en la ciudad de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe. La identidad del acusado se mantiene en reserva para preservar a la víctima.
El pedido de la fiscalía y los riesgos procesales
La investigación está a cargo de la fiscal Luciana Chiavarini, quien planteó la necesidad de imponer la prisión preventiva al considerar que existe peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Según expuso en la audiencia, la libertad del acusado podría implicar nuevos episodios de amedrentamiento hacia la víctima.
En este tipo de causas, los fiscales suelen destacar que las amenazas y la portación de arma en un vínculo atravesado por la violencia de género incrementan el riesgo para la integridad física y psicológica de las mujeres. Por eso, la protección de la víctima y su entorno familiar se vuelve un eje central al momento de definir las medidas cautelares.
La jueza Senn valoró los antecedentes expuestos, el contexto de violencia y la existencia de un arma de fuego, y entendió que medidas menos gravosas, como restricciones de acercamiento o dispositivos de control electrónico, resultaban insuficientes en esta etapa inicial del proceso.
Violencia de género y actuación judicial
En Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación viene reforzando desde hace años sus protocolos de intervención en casos de violencia de género, con equipos especializados y coordinaciones con áreas de acompañamiento psicológico y social. Las amenazas y el uso de armas son considerados factores de alto riesgo.
En este marco, las prisiones preventivas se aplican cuando la Justicia entiende que hay elementos suficientes que vinculan al sospechoso con los hechos investigados y que su libertad podría comprometer tanto el avance de la causa como la seguridad de la víctima. La medida no implica una condena, sino que es una herramienta cautelar mientras se reúnen pruebas y se define si el caso llega a juicio oral.
Desde organismos de derechos humanos y colectivos feministas se insiste en la importancia de que el sistema judicial actúe con celeridad frente a las denuncias, sobre todo cuando hay antecedentes de amenazas, hostigamientos o uso de armas por parte de las parejas o exparejas de las víctimas.
Cómo seguirán los pasos de la causa
Con la prisión preventiva ordenada, la fiscal Chiavarini continuará con la recolección de testimonios, pericias y otros elementos probatorios para definir la acusación formal. En los próximos meses se evaluará si el caso se eleva a juicio o si las partes exploran otras salidas procesales contempladas por la ley.
En paralelo, se mantendrán las medidas de protección integral para la mujer y su entorno familiar, que pueden incluir botones de pánico, acompañamiento profesional y dispositivos de alerta coordinados con las fuerzas de seguridad provinciales.
Las autoridades judiciales reiteran que, ante cualquier situación de violencia o amenaza, las víctimas o su entorno pueden acudir a la comisaría más cercana, a las fiscalías regionales o a las líneas de atención especializadas para pedir ayuda y activar los protocolos de intervención.
Comentarios