El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su plan de desregulación y apertura al sector privado con una licitación clave que apunta a transformar la gestión de varias rutas estratégicas de la Red Federal de Concesiones.
El Ministerio de Economía oficializó la convocatoria para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco del proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que hoy administra parte de la red de autopistas y rutas nacionales. La iniciativa se enmarca en la agenda de desregulación impulsada por el Ejecutivo.
Cómo será la nueva licitación de rutas nacionales
La licitación fue presentada como un proceso nacional e internacional, lo que habilita la participación de empresas y consorcios del exterior. El objetivo es adjudicar a operadores privados la construcción, mantenimiento, explotación y operación de distintos tramos viales considerados estratégicos para el transporte de cargas y pasajeros.
El esquema propuesto se apoya en el modelo de participación público-privada que el Gobierno busca reactivar para reducir el peso del gasto estatal en infraestructura. En la práctica, se prevé que las compañías seleccionadas se financien principalmente a través del cobro de peajes y de contratos de largo plazo.
Si bien los pliegos detallan los tramos incluidos, el Ejecutivo remarca que se trata de corredores clave para la producción, vinculados a puertos, zonas agroexportadoras y grandes centros urbanos. La intención es garantizar estándares de mantenimiento y seguridad vial con inversiones que el Estado hoy no está en condiciones de afrontar por sí solo.
Qué implica la desregulación para usuarios y transportistas
La privatización de nuevos tramos de rutas nacionales abre interrogantes entre los usuarios frecuentes y las cámaras del transporte. Por un lado, el Gobierno sostiene que la llegada de capital privado permitirá mejorar el estado de las calzadas, reducir tiempos de viaje y bajar costos logísticos en el mediano plazo.
Del otro lado, gremios y asociaciones de usuarios advierten por la posible suba de peajes y la pérdida de control directo del Estado sobre corredores esenciales. También cuestionan la experiencia reciente de concesiones con escasas obras y aumentos de tarifas por encima de la inflación.
En Economía insisten en que los contratos contemplarán metas de inversión, mantenimiento y niveles de servicio, así como mecanismos de revisión periódica para evitar incumplimientos. La licitación, remarcan, se coordina con la política general de reducción del déficit fiscal y achicamiento del sector público empresario.
El rol de Corredores Viales S.A. y los pasos que vienen
Corredores Viales S.A. fue creada en 2018 para hacerse cargo de rutas que habían quedado fuera de las concesiones privadas previas. Con la nueva etapa de la Red Federal de Concesiones, su estructura se encamina a una reestructuración profunda y eventual salida de escena en varios tramos.
La licitación actual forma parte de un cronograma más amplio que incluye la evaluación de ofertas, precalificación de empresas, apertura de sobres y adjudicación. El Gobierno espera que los primeros contratos se firmen en los próximos meses, aunque el calendario podría ajustarse según el interés inversor y eventuales impugnaciones.
En paralelo, especialistas en infraestructura advierten que el diseño de los pliegos será clave para evitar experiencias fallidas, como las registradas en anteriores generaciones de concesiones. Entre los puntos sensibles se destacan la transparencia en los costos de obra, la calidad del mantenimiento y la protección de los usuarios ante incrementos tarifarios desmedidos.
Mientras avanza este proceso, el Gobierno busca presentar la iniciativa como parte de una estrategia más amplia para atraer inversiones y modernizar la red vial. El impacto final para quienes todos los días salen a la ruta dependerá de cómo se implementen los contratos y del control efectivo que logre ejercer el Estado.
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