Mientras el oficialismo impulsa un nuevo Régimen Penal Juvenil, distintos sondeos muestran un clima social cada vez más proclive a endurecer las respuestas penales frente al delito cometido por menores de edad.
En paralelo al debate legislativo, el proyecto de Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno de Javier Milei se discute también en la opinión pública. Diversas encuestas nacionales muestran que existe un respaldo mayoritario a la idea de bajar la edad de imputabilidad, aunque persisten fuertes diferencias sobre el alcance y la forma de la reforma.
Un apoyo social atravesado por la preocupación por la inseguridad
Los relevamientos recientes de consultoras de opinión coinciden en un dato central: entre un 60% y un 75% de los encuestados se muestra de acuerdo con modificar el régimen penal para menores. Este apoyo se explica, en buena medida, por la alta preocupación por la inseguridad, que desde hace años figura entre los principales problemas señalados por la ciudadanía en prácticamente todos los estudios.
En segmentos urbanos medios y bajos, donde la exposición a hechos de violencia es mayor, la demanda de respuestas más duras del sistema penal suele ser todavía más intensa. Allí, la idea de que el actual régimen es “permisivo” con los menores acusados de delitos graves aparece de manera reiterada en los sondeos cualitativos.
Al mismo tiempo, una porción significativa de la población expresa dudas sobre la eficacia real de la medida para reducir el delito. En las encuestas, no son pocos quienes señalan que bajar la edad de imputabilidad debería ir acompañada por políticas de inclusión social, educación, prevención y tratamiento de consumos problemáticos.
Qué propone el proyecto de Javier Milei
El esquema que discute el Congreso plantea una reducción de la edad a partir de la cual un adolescente puede ser responsabilizado penalmente por determinados delitos graves. La iniciativa impulsa la creación de un régimen específico para jóvenes, con reglas diferenciadas de las que rigen para los adultos, tanto en materia de penas como de condiciones de detención y acompañamiento.
Según voceros del oficialismo, el objetivo es “cerrar vacíos legales” que, a su entender, son aprovechados por organizaciones criminales para utilizar a menores como mano de obra. El proyecto se presenta como una herramienta para desalentar esa dinámica y dar una señal de mayor previsibilidad jurídica frente a delitos cometidos por adolescentes.
En la discusión parlamentaria, referentes libertarios y aliados señalan que otros países de la región ya cuentan con edades de imputabilidad más bajas, y sostienen que el sistema actual quedó desfasado frente a la realidad del delito urbano contemporáneo, donde los menores tienen un rol cada vez más visible.
Críticas de organismos de derechos humanos y especialistas
Del otro lado, organizaciones de derechos humanos, defensores oficiales y académicos del campo jurídico y criminológico alertan sobre los riesgos de una reforma centrada casi exclusivamente en el castigo. Recuerdan que los tratados internacionales suscriptos por la Argentina fijan estándares estrictos sobre la responsabilidad penal juvenil y priorizan medidas socioeducativas por sobre el encierro.
Los especialistas advierten que la evidencia comparada muestra poco impacto de la baja de edad de imputabilidad en la reducción del delito. En cambio, subrayan que una expansión del sistema penal sobre adolescentes puede agravar procesos de estigmatización y reproducción de violencia, especialmente en barrios populares donde ya existe una fuerte presencia policial y judicial.
En ese marco, proponen priorizar políticas focalizadas en educación, empleo joven y salud mental, así como fortalecer los dispositivos de acompañamiento comunitario para menores en situación de vulnerabilidad. También reclaman que cualquier modificación legal vaya acompañada de recursos presupuestarios concretos y de un control estricto de las condiciones de encierro.
Encuestas, política y escenarios de votación
La lectura de estos sondeos resulta clave para el oficialismo y la oposición. En la Casa Rosada interpretan que el alto respaldo social a cambios en el régimen penal juvenil les otorga margen para avanzar con la iniciativa, aun en un contexto económico delicado y con tensiones políticas dentro y fuera de la coalición gobernante.
En los bloques dialoguistas, en tanto, crece la presión territorial de intendentes y gobernadores que enfrentan cifras preocupantes de violencia urbana. Muchos de ellos consideran que oponerse de plano a la reforma podría alejarlos de un electorado sensibilizado por los hechos de inseguridad, pero al mismo tiempo buscan introducir límites y controles al texto original presentado por el Ejecutivo.
Con el tratamiento en comisiones en marcha, el escenario más probable es el de un dictamen con modificaciones y una votación ajustada. El resultado final dependerá de cómo se acomoden las distintas fuerzas políticas frente a un tema que cruza seguridad, derechos humanos y clima social, y que promete seguir en el centro de la discusión pública en las próximas semanas.
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