Un dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT) cuestionó con dureza a un grupo de gobernadores peronistas por su rol en la aprobación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
Octavio Argüello, integrante del triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT), acusó de haber cometido una suerte de “fraude político” a gobernadores peronistas que facilitaron el avance de la reforma laboral promovida por el oficialismo. El sindicalista señaló que, sin el apoyo de esos mandatarios provinciales, la iniciativa del Ejecutivo no habría obtenido los votos necesarios.
Según Argüello, esos acuerdos se dieron “a espaldas de los trabajadores” y en contradicción con las posturas que el mismo peronismo había sostenido en campaña. Para el dirigente, la estrategia de algunos gobernadores fue negociar beneficios fiscales o fondos para sus provincias a cambio de acompañar los cambios en la legislación laboral.
La acusación se da en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno nacional y el movimiento obrero, con paros, movilizaciones y presentaciones judiciales contra distintos artículos de la reforma que, según los gremios, recortan derechos adquiridos.
Críticas al silencio del PJ frente a la reforma
Argüello también apuntó contra la conducción del Partido Justicialista por lo que describió como un “silencio cómplice” frente a la avanzada oficial sobre el régimen laboral. Afirmó que muchos referentes del peronismo evitaron pronunciarse públicamente mientras se debatía la norma en el Congreso.
En ese sentido, reclamó una posición más clara y unificada por parte del PJ, al considerar que el partido “nació para defender a los trabajadores” y que no puede desentenderse de una reforma que impacta de lleno en salarios, indemnizaciones y condiciones de contratación.
La ley laboral impulsada por el Gobierno forma parte del paquete de desregulación económica que Milei presentó como clave para “modernizar” el mercado de trabajo. Entre otros puntos, incluye modificaciones en períodos de prueba, cálculo de indemnizaciones y contribuciones patronales.
Qué preocupa a los sindicatos
Las centrales obreras sostienen que la reforma profundiza la precarización laboral y debilita la negociación colectiva. Entre las principales alertas, remarcan que los cambios habilitan formatos de contratación más flexibles que, en los hechos, pueden traducirse en menor estabilidad y menor protección frente a despidos.
Además, cuestionan que la norma se haya impulsado en un escenario de inflación alta y caída del poder adquisitivo, lo que a su entender agrava el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores formales e informales.
En paralelo, distintos especialistas en derecho laboral advirtieron que una parte de los cambios podría derivar en un aumento de la litigiosidad, mientras otros, en cambio, sostienen que la reforma tiende a reducir los juicios laborales y a bajar costos para las empresas, en línea con los reclamos del sector empresario.
El escenario político y lo que viene
Las declaraciones de Argüello reabren el debate sobre el futuro de la relación entre la CGT, los gobernadores y el PJ. El sindicalista pidió “poner nombres y apellidos” a quienes acompañaron la reforma y abrió la puerta a una posible reconfiguración de alianzas dentro del peronismo.
Mientras tanto, la central obrera evalúa nuevas medidas de fuerza y no descarta acudir nuevamente a la Justicia para intentar frenar algunos artículos de la ley. El Gobierno, por su parte, defiende la reforma como una herramienta necesaria para fomentar el empleo privado y reducir la informalidad.
En este marco, la discusión sobre el rumbo del país, el rol de los sindicatos y la responsabilidad de los gobernadores peronistas promete seguir presente en la agenda política nacional.
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