La ministra de Seguridad y referente de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a respaldar con fuerza la reforma laboral impulsada por el Gobierno y aseguró que implica un cambio profundo en el esquema sindical argentino y en la forma de negociar condiciones de trabajo.
“Cambia de cuajo el modelo sindical”
Bullrich remarcó que la iniciativa oficial de reforma laboral busca “cambiar de cuajo el modelo sindical argentino”, al apuntar a una mayor descentralización de la negociación colectiva. Según explicó, la idea es que los acuerdos puedan darse cada vez más a nivel de empresa o actividad específica, y no solo en grandes convenios sectoriales.
La funcionaria también respaldó la estrategia del Gobierno en el Congreso, basada en una negociación voto a voto para conseguir las mayorías necesarias. A su entender, ese método refleja un “cambio de época” en la relación entre el Poder Ejecutivo y las bancadas parlamentarias, donde el apoyo se construye artículo por artículo.
En ese marco, Bullrich insistió en que el esquema actual de representación gremial “atrasó” frente a los cambios del mercado laboral, con fuerte avance de la economía del conocimiento, la informalidad y las nuevas formas de contratación, como el trabajo remoto y plataformas digitales.
Menos aportes sindicales y más acuerdos por empresa
Uno de los puntos centrales del proyecto es la limitación de los aportes sindicales obligatorios, que hoy se descuentan del salario de los trabajadores. La reforma apunta a que esos pagos sean cada vez más voluntarios, con el objetivo declarado de reforzar la libertad de afiliación y reducir el poder económico de las cúpulas gremiales.
En paralelo, el Gobierno promueve que las empresas y sus planteles puedan pactar condiciones particulares de trabajo, productividad, premios e incluso esquemas de jornadas, siempre dentro de los pisos mínimos establecidos por la ley. Para Bullrich, este enfoque permitiría “dar aire” a las pymes y fomentar la creación de empleo registrado.
Los sindicatos tradicionales, en cambio, advierten que la descentralización puede fragmentar la negociación salarial y debilitar la capacidad de defensa colectiva, sobre todo en actividades con alta informalidad o bajo poder de negociación individual.
Debate abierto en el Congreso y en la calle
La discusión por la reforma laboral se da en un contexto de alta conflictividad social, con movilizaciones de las centrales obreras y críticas de la oposición, que acusan al oficialismo de avanzar sobre derechos adquiridos. El Gobierno sostiene que la normativa vigente frena inversiones y no refleja la realidad del empleo actual.
En el Senado, la negociación es milimétrica. Cada artículo vinculado al régimen de despidos, período de prueba, multas laborales y convenios colectivos se somete a un intenso tironeo entre el oficialismo, bloques dialoguistas y la oposición dura. Bullrich consideró “legítimo” ese proceso y defendió la búsqueda de acuerdos puntuales.
Analistas laborales señalan que el desenlace de este debate marcará el rumbo del modelo sindical argentino para los próximos años: desde el rol de las organizaciones de trabajadores hasta la manera en que se fijan salarios, se dirimen conflictos y se financia la estructura gremial.
Mientras tanto, el oficialismo apuesta a mostrar la reforma como una pieza clave de su programa económico, orientado a reducir costos laborales, mejorar la competitividad y atraer inversiones, en un país atravesado por la recesión y la pérdida del poder adquisitivo.
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