El Senado se encamina a dos jornadas intensas en las que el oficialismo buscará avanzar con cambios profundos en materia laboral y en el régimen penal para menores de edad, en la antesala del discurso de apertura de sesiones ordinarias de Javier Milei.
Dos proyectos sensibles en la agenda inmediata
En una semana considerada decisiva por el oficialismo, la Cámara alta se prepara para tratar en sesiones consecutivas el nuevo Régimen Penal Juvenil y la reforma laboral. La meta del Gobierno es que ambas iniciativas queden encaminadas, e incluso puedan convertirse en ley, antes del 1° de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure el período de sesiones ordinarias.
La discusión se da en un contexto de alta tensión política y social, con sindicatos, organizaciones de derechos humanos y bloques opositores anticipando fuertes cuestionamientos a los cambios propuestos en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y en las normas que regulan el trabajo registrado.
¿Qué se debate en el Régimen Penal Juvenil?
El proyecto de Régimen Penal Juvenil apunta a reemplazar la normativa vigente desde la última dictadura. Entre los puntos más controvertidos suele ubicarse la edad de imputabilidad, que propuestas recientes buscaron reducir, y la definición de nuevas medidas socioeducativas, plazos de detención y garantías procesales.
Especialistas en infancia advierten que cualquier reforma debe respetar los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño, priorizando alternativas a la privación de libertad y políticas de inclusión. Desde sectores oficialistas, en cambio, se insiste en que el aumento de delitos cometidos por menores exige una respuesta más severa del sistema penal.
En el recinto, se espera un intenso cruce entre quienes reclaman una reforma “integral y garantista” y los que plantean un enfoque más punitivo, asociado al reclamo social de mayor seguridad.
Los ejes de la reforma laboral
La reforma laboral impulsada por el Gobierno busca, según sus defensores, modernizar las relaciones de trabajo y fomentar la creación de empleo formal. Entre los ejes que habitualmente se discuten figuran cambios en indemnizaciones, períodos de prueba, registración y convenios colectivos.
Las centrales obreras y la oposición dialoguista cuestionan que varias de estas modificaciones podrían implicar una pérdida de derechos adquiridos y debilitar la capacidad de negociación sindical. En el plano político, el oficialismo necesita tejer acuerdos con bloques provinciales y sectores de la oposición para garantizar los votos necesarios en el Senado.
El resultado de la votación será una señal clave para los mercados y para la hoja de ruta económica del Ejecutivo, que considera la flexibilización de normas laborales como un pilar de su programa de reformas estructurales.
Cuenta regresiva hacia el discurso de Milei
Con el 1° de marzo como fecha límite política, el Gobierno pretende llegar al discurso presidencial en el Congreso mostrando avances concretos en su agenda legislativa. La aprobación o el freno a estos proyectos marcará el clima de la apertura de sesiones y condicionará la relación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Parlamento.
En este marco, se anticipan movilizaciones en las inmediaciones del Congreso durante las jornadas de debate, impulsadas por sindicatos, agrupaciones políticas y organizaciones sociales que rechazan tanto la reforma laboral como los cambios en el régimen penal juvenil.
La semana que comienza será, así, un termómetro de hasta dónde puede avanzar el oficialismo con su plan de reformas y qué margen de negociación se abre de cara al resto del año parlamentario.
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