La Legislatura de Santa Fe se encamina a debatir un cambio fuerte en el espacio público: un marco legal para prohibir la actividad de los cuidacoches e imponer sanciones, con un eje puesto en la seguridad y la contención social.
En la próxima sesión, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores de Santa Fe tratarán en paralelo dos proyectos casi idénticos que apuntan a regular y, en los hechos, prohibir la actividad de los cuidacoches o trapitos en toda la provincia.
Las iniciativas prevén un régimen de sanciones escalonado para quienes exijan dinero por el cuidado de autos en la vía pública sin autorización. Se contemplan multas económicas, realización de tareas comunitarias y, en casos más graves o reiterados, la posibilidad de penas de prisión.
El senador Ciro Seisas sostuvo que la medida es “un paso que hay que dar para el desarme de las organizaciones delictivas que operan especialmente en los espectáculos de fútbol”, donde la presencia de cuidacoches suele asociarse a otras formas de violencia y extorsión.
Sanciones, reincidencia y rol de los municipios
Según el esquema que se discute, las sanciones se graduarán en función de la gravedad de la conducta y la reincidencia. El objetivo es desalentar la actividad organizada y evitar situaciones de apriete a automovilistas que estacionan en la calle.
La normativa también otorgaría a los municipios y comunas herramientas para intervenir en zonas críticas, como accesos a estadios, áreas céntricas y corredores gastronómicos, donde se multiplican las denuncias por cobros indebidos o amenazas.
A la vez, se prevé que las autoridades locales puedan coordinar operativos conjuntos con fuerzas de seguridad para prevenir la conformación de grupos que controlan espacios públicos y disputan territorio con otros actores del delito.
Salida laboral y abordaje social
Uno de los puntos sensibles del debate es qué ocurrirá con las personas que, fuera de las lógicas mafiosas, recurren a esta actividad como estrategia de subsistencia. Legisladores de distintos bloques plantean la necesidad de combinar control con políticas de inclusión.
En ese marco, los proyectos mencionan la articulación con programas de empleo, formación laboral y asistencia social, para ofrecer alternativas reales a quienes quedarán alcanzados por la prohibición y no cuentan con ingresos formales.
La discusión se inscribe en un contexto provincial marcado por la inseguridad urbana y el reclamo ciudadano por recuperar espacios públicos hoy atravesados por diferentes modalidades de control ilegal, desde cuidacoches hasta narcomenudeo.
Una tendencia que se replica en otras ciudades
En los últimos años, distintas capitales y ciudades grandes del país, como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, avanzaron con ordenanzas y leyes que restringen o prohíben la figura del cuidacoches. Santa Fe se suma ahora a esa tendencia, con la particularidad de hacerlo mediante una legislación de alcance provincial.
Organizaciones de derechos humanos y sectores vinculados al trabajo informal advierten sobre el riesgo de criminalizar la pobreza, mientras que amplios sectores políticos y sociales insisten en que la regulación es clave para enfrentar redes que se aprovechan de la necesidad ajena.
El resultado del debate de este jueves será determinante para definir si, en el corto plazo, la provincia inicia una nueva etapa en el manejo del espacio público y en la relación entre ciudadanía, Estado y organizaciones que operan alrededor del negocio del estacionamiento.
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