El proyecto de Régimen Penal Juvenil dio un paso clave en el Congreso: el oficialismo logró el dictamen en comisiones del Senado y dejó la iniciativa lista para ser discutida en el recinto en los próximos días.
En una jornada de fuerte debate político, el oficialismo consiguió este jueves el dictamen de mayoría en el Senado para el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que propone bajar de 16 a 14 años la edad de responsabilidad penal. La iniciativa será tratada en el recinto la próxima semana y podría convertirse en una de las leyes más controvertidas del año.
El proyecto forma parte del paquete de reformas impulsado por el Gobierno nacional y apunta a establecer un marco normativo específico para adolescentes que cometen delitos. La discusión gira en torno a si la baja de la edad de imputabilidad es una herramienta eficaz para reducir el delito o si, por el contrario, profundiza la vulnerabilidad de los jóvenes.
¿Qué plantea el Régimen Penal Juvenil?
El texto que obtuvo dictamen prevé que los adolescentes de 14 y 15 años puedan ser juzgados por delitos graves, como homicidios, robos agravados y otros hechos con uso de violencia. Para los jóvenes de 16 y 17 años se mantiene el criterio general de responsabilidad penal, aunque con un procedimiento diferenciado respecto del régimen de adultos.
Además, se incorporan mecanismos de justicia restaurativa, seguimiento socioeducativo y medidas alternativas a la prisión. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que, en la práctica, la baja de la edad puede derivar en mayor encarcelamiento juvenil si no se garantizan recursos reales para programas de inclusión.
El oficialismo argumenta que el marco actual, basado en normas de la dictadura, está desactualizado y no brinda herramientas claras a la Justicia. Sus voceros sostienen que el nuevo régimen apunta a combinar sanciones con políticas de acompañamiento, con foco en la prevención del delito y la reincidencia.
Apoyos, críticas y el escenario en el recinto
La oposición se mostró dividida: algunos bloques acompañaron en general la necesidad de una actualización normativa, pero plantearon reparos sobre el enfoque punitivo y reclamaron mayores garantías para la niñez, en línea con la Convención de los Derechos del Niño y estándares internacionales.
Distintas organizaciones sociales, académicos y especialistas en infancia insisten en que la respuesta al delito juvenil debe centrarse en políticas de inclusión educativa, laboral y de salud mental, y no solo en la modificación de la edad de imputabilidad. También remarcan que los adolescentes representan un porcentaje acotado del total de delitos graves.
Con el dictamen ya firmado, el oficialismo buscará asegurarse los votos necesarios para la próxima sesión. De aprobarse en el Senado, el proyecto deberá volver a Diputados si se introducen cambios, en un escenario político marcado por fuertes tensiones entre el Poder Ejecutivo y los bloques dialoguistas.
Mientras continúa la discusión, el debate sobre el Régimen Penal Juvenil vuelve a poner en el centro la pregunta sobre cómo enfrentar el delito en la Argentina y cuál es el límite entre castigo, contención y derechos de los más jóvenes.
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