La media sanción del nuevo régimen penal juvenil abre un cambio profundo en cómo el Estado argentino juzgará y castigará a las y los menores de edad que cometan delitos graves, con nuevas escalas de penas y reglas específicas de cumplimiento.
La Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo régimen penal juvenil, que reemplaza al esquema vigente desde 1980. El proyecto fija una nueva edad mínima de responsabilidad penal y define penas máximas, formas de cumplimiento y criterios de reinserción para adolescentes condenados por delitos graves.
El texto aprobado se enmarca en el debate por la baja de la edad de imputabilidad y busca actualizar una normativa considerada obsoleta frente al aumento de causas que involucran a menores en hechos violentos y delictivos complejos.
Qué penas máximas prevé el nuevo sistema
El régimen establece escalas de sanciones diferenciadas según la gravedad del delito y la edad del imputado. Para los delitos más graves, como homicidios agravados o robos con armas que provoquen la muerte, se contemplan penas máximas que pueden superar la década de encierro, aunque siempre con límites inferiores a los previstos para adultos.
Las condenas deberán respetar el principio de proporcionalidad y tener en cuenta factores como el contexto social del joven, la existencia de antecedentes, su grado de participación y la posibilidad de reparación del daño a la víctima.
A diferencia del régimen adulto, el proyecto refuerza la idea de que la pena no sólo debe castigar, sino también asegurar instancias efectivas de educación, tratamiento de adicciones y acompañamiento psicológico.
Cumplimiento de las condenas y medidas alternativas
Uno de los ejes centrales del proyecto es el modo en que los jóvenes deberán cumplir las penas. Se prevé que el encierro sea el último recurso y que se prioricen medidas alternativas, como:
- Régimen de semilibertad con asistencia obligatoria a la escuela.
- Programas de formación laboral y oficios.
- Tratamientos específicos en salud mental y consumo problemático.
- Servicios comunitarios y reparación simbólica a las víctimas.
En los casos de encierro efectivo, las y los adolescentes deberán alojarse en establecimientos especializados, separados de la población carcelaria adulta, y bajo la supervisión de equipos interdisciplinarios.
El proyecto incorpora revisiones periódicas de la condena para evaluar la evolución del joven y la posibilidad de morigerar la pena, con la mira puesta en su reinserción social y la prevención de la reincidencia.
Un cambio tras más de cuatro décadas
El sistema que se busca reemplazar rige desde principios de los años 80 y fue cuestionado por organismos de derechos humanos y especialistas en niñez por no adecuarse a los estándares internacionales de protección de adolescentes en conflicto con la ley.
Con la media sanción, el debate pasa ahora al Senado, donde se anticipa una discusión intensa por el impacto que estas reglas pueden tener en la política criminal, la sobrecarga del sistema judicial y las capacidades de las provincias para aplicar los cambios.
Mientras se espera la definición del Senado, distintos colectivos de derechos humanos, organizaciones barriales y especialistas en justicia juvenil analizan los alcances del nuevo esquema y advierten que sin inversión en educación, salud y prevención, cualquier reforma penal podría resultar insuficiente.
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