Una presentación judicial puso bajo la lupa el rol de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, durante los incidentes frente al Congreso, y abre un nuevo frente político e institucional para el Gobierno nacional.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, fue denunciada por presunto incumplimiento de los deberes de funcionaria pública a raíz del operativo desplegado durante las protestas en las inmediaciones del Congreso, en el marco del debate de la reforma laboral.
El eje central de la presentación apunta a que un grupo de siete personas que habría arrojado bombas molotov contra las fuerzas de seguridad y edificios públicos no fue detenido en el momento, pese a tratarse, según los denunciantes, de un delito en flagrancia.
De acuerdo al planteo judicial, las imágenes que se difundieron del operativo muestran cómo los agresores actúan a pocos metros de los efectivos, sin que se disponga una intervención inmediata para detenerlos ni se ordene su persecución.
Qué se le atribuye a la ministra
La denuncia sostiene que Monteoliva, como máxima responsable política del operativo, habría omitido adoptar medidas básicas de prevención y respuesta frente a hechos de violencia grave, poniendo en riesgo la integridad de legisladores, trabajadores del Congreso y manifestantes.
En esa línea, se plantea que la inacción frente a las bombas incendiarias podría encuadrarse como una falla en el mando y una presunta violación a los protocolos de actuación de las fuerzas federales en contextos de manifestación pública.
Fuentes judiciales explican que el delito de incumplimiento de deberes se configura cuando un funcionario, teniendo la obligación de actuar, omite hacerlo de manera deliberada o con grave negligencia. Ahora será la Justicia la que deberá determinar si ese fue el caso durante los incidentes frente al Parlamento.
El contexto de los incidentes en el Congreso
Los hechos ocurrieron mientras la Cámara de Diputados trataba la reforma laboral, una de las iniciativas más polémicas impulsadas por el oficialismo. Afuera, organizaciones sociales, gremiales y partidos de la oposición se concentraron para rechazar el proyecto.
En ese marco se registraron enfrentamientos, gases lacrimógenos y corridas, además de daños en bienes públicos y vehículos. El Gobierno ya había defendido en otras oportunidades el accionar de las fuerzas, al considerar que se trató de un intento de “amedrentar al Congreso” y condicionar el debate legislativo.
La nueva denuncia se suma así a la discusión sobre el límite entre el derecho a la protesta, la respuesta estatal frente a los desmanes y la responsabilidad política en el diseño de los operativos de seguridad en zonas institucionalmente sensibles.
Qué puede pasar a partir de ahora
Con la presentación formalizada, la Justicia deberá resolver si abre una investigación penal, qué medidas de prueba ordena y si convoca a declarar a funcionarios del Ministerio de Seguridad, a los jefes de las fuerzas federales y a testigos de los hechos.
En paralelo, se espera que la oposición utilice el caso para intensificar sus críticas al Gobierno por su política de seguridad en manifestaciones y plantear eventuales solicitudes de informes en el Congreso.
Si bien por el momento no hay imputaciones formales, el expediente puede derivar en un proceso de alto impacto político, en un contexto ya marcado por la tensión entre el oficialismo y los sectores que cuestionan la agenda de reformas económicas y laborales.
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