La presencia de Romina Monzón en el Congreso volvió a poner en primer plano la discusión sobre la responsabilidad penal de los adolescentes y el reclamo de justicia por el crimen de su hijo Jeremías, asesinado en Santa Fe por chicos de 14 años.
Romina Monzón viajó hasta el Congreso para seguir desde las gradas la sesión de Diputados que dio media sanción a la modificación del Régimen Penal Juvenil. Su hijo Jeremías fue asesinado en Santa Fe por un grupo de adolescentes de 14 años, caso que reavivó el debate sobre la edad de punibilidad y los límites del sistema actual.
En un clima cargado de tensión política y social, la mujer siguió de cerca las intervenciones de los legisladores y dialogó con otros familiares de víctimas que también impulsan cambios en la normativa penal para menores. Para todos ellos, la discusión no es teórica: se trata de la respuesta del Estado frente a crímenes cometidos por menores no punibles.
Tras la votación, que concluyó con apoyo mayoritario en la Cámara baja, Monzón señaló que el impulso de la reforma es “un legado de nuestros hijos”, en alusión a las víctimas que no pueden estar presentes pero cuyos casos se transformaron en motor de organización y reclamo.
Qué implica la reforma del Régimen Penal Juvenil
El proyecto que avanzó en Diputados plantea una actualización integral del régimen vigente desde la década del 80. Entre los puntos que generan mayor discusión aparece la baja de la edad de imputabilidad reclamada por familiares de víctimas y sectores que buscan una respuesta más rápida frente a delitos graves cometidos por adolescentes.
La iniciativa también contempla la creación de dispositivos específicos de contención y tratamiento para jóvenes en conflicto con la ley, con énfasis en medidas socioeducativas, acompañamiento psicológico y seguimiento de trayectorias escolares y laborales, para intentar evitar que los chicos reincidan.
Especialistas en niñez advierten, sin embargo, que cualquier modificación debería ir acompañada de mayor inversión en políticas de prevención, inclusión educativa y abordaje territorial, sobre todo en barrios vulnerables donde la violencia juvenil crece a la par de la exclusión.
El impacto del caso Jeremías en Santa Fe
El crimen de Jeremías sacudió a la ciudad de Santa Fe y tuvo fuerte repercusión en toda la provincia. El caso se sumó a una seguidilla de hechos violentos protagonizados por menores de 16 años, que dejaron en evidencia las limitaciones del sistema judicial para intervenir a tiempo y ofrecer herramientas de contención.
Organizaciones de víctimas, referentes barriales y especialistas coinciden en que la respuesta no puede limitarse al castigo. Plantean un abordaje integral que incluya políticas de seguridad, programas de acompañamiento familiar, prevención de adicciones y más presencia estatal en los territorios donde las redes delictivas reclutan adolescentes.
En ese contexto, la figura de Romina Monzón se transformó en símbolo de una lucha que excede su historia personal. Desde Santa Fe, impulsa reuniones, participa de marchas y busca que el Congreso avance en una reforma que, asegura, no devolverá a su hijo, pero puede evitar que “otras familias vivan lo mismo”.
La media sanción en Diputados abre ahora una nueva etapa en el Senado, donde volverán a cruzarse posiciones políticas, miradas técnicas y la voz de familiares como Monzón, que insisten en que el debate sobre la responsabilidad penal juvenil ya no puede postergarse.
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