El proyecto de reforma laboral que logró media sanción en el Senado pone el foco en la creación de empleo formal mediante un esquema de blanqueo, incentivos y beneficios impositivos para las empresas que regularicen personal y generen nuevos puestos registrados.
Con cuarenta y dos votos a favor y treinta en contra, el Senado dio media sanción al paquete que incluye cambios en el régimen laboral. Ahora, la discusión se traslada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará consolidar los apoyos necesarios para convertir la iniciativa en ley.
El capítulo laboral se presenta como uno de los ejes del programa económico del Gobierno, que apuesta a que un entorno normativo más flexible y con menos litigiosidad impulse la formalización del trabajo y la contratación en blanco.
Blanqueo laboral y regularización de trabajadores
Uno de los puntos centrales es el blanqueo laboral para empleadores que mantienen personal no registrado o parcialmente registrado. El esquema suele contemplar la reducción o condonación de multas y la posibilidad de ponerse al día con los aportes previsionales, siempre que se incorporen a los empleados a la formalidad.
Para los trabajadores, la regularización implica acceso pleno a obra social, aportes jubilatorios y cobertura por accidentes de trabajo. En un país donde, según datos oficiales recientes, alrededor de un tercio de los asalariados se desempeña en la informalidad, estas medidas apuntan a revertir una problemática estructural.
Incentivos e impactos en las empresas
El proyecto incorpora beneficios impositivos para quienes generen nuevos puestos de trabajo registrado. Entre ellos se mencionan reducciones de contribuciones patronales durante un período determinado y alivios en cargas vinculadas a la seguridad social para nuevos empleos.
La lógica oficial es que, si se abarata el costo de contratar en blanco, las pymes y sectores intensivos en mano de obra tendrán más margen para incorporar personal. Distintas cámaras empresarias vienen reclamando desde hace años una reforma que reduzca tanto la presión tributaria como la incertidumbre judicial en conflictos laborales.
Sin embargo, especialistas en derecho laboral advierten que los incentivos deben ir acompañados de controles eficaces para evitar que se utilicen sólo como un beneficio transitorio, sin una mejora genuina y sostenida en la calidad del empleo.
Debate político y mirada de sindicatos
La media sanción se produjo en un clima de fuerte polarización política. Mientras el oficialismo celebró el avance como un paso clave para modernizar el mercado laboral, la oposición que votó en contra advirtió por un posible “retroceso” en derechos adquiridos.
Las centrales sindicales y organizaciones de trabajadores mantienen sus reparos sobre los cambios más estructurales del régimen laboral, pero reconocen que la lucha contra la informalidad es una deuda pendiente. El foco está puesto en que el blanqueo no implique resignar demasiados recursos fiscales ni debilitar la protección de los empleados frente a despidos o abusos.
En las próximas semanas, la discusión en Diputados definirá el texto final y el alcance concreto de los beneficios para empresas y trabajadores. De ese debate dependerá si la reforma se traduce en más empleo registrado o si queda como un nuevo intento de flexibilización con resultados inciertos.
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